El presidente Javier Milei salió a defender públicamente una de las iniciativas más novedosas de su agenda de reformas: un proyecto que propone crear nuevas figuras jurídicas para la inteligencia artificial y establecer un esquema de mínima intervención estatal sobre el desarrollo de estas tecnologías. La propuesta ya fue enviada al Congreso y forma parte de una estrategia orientada a posicionar a la Argentina como un destino atractivo para las inversiones tecnológicas globales.
La iniciativa fue presentada por el mandatario junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una columna de opinión publicada en un medio económico internacional. Allí sostuvieron que la actual revolución tecnológica requiere cambios profundos en los marcos regulatorios tradicionales y plantearon la necesidad de adaptar las normas a los nuevos modelos de negocios basados en inteligencia artificial, automatización y tecnología blockchain.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de las denominadas “corporaciones no humanas”, una figura que permitiría a sistemas autónomos de inteligencia artificial contar con personalidad jurídica propia. De prosperar la reforma, estas entidades podrían desarrollar actividades económicas con responsabilidad limitada, sin necesidad de tener accionistas humanos al momento de su constitución.
Desde el Gobierno consideran que el sistema legal actual quedó desactualizado frente al avance de las nuevas tecnologías y sostienen que la innovación requiere reglas más flexibles para acelerar el desarrollo de emprendimientos vinculados a la economía digital. En ese sentido, la propuesta apunta a reducir obstáculos regulatorios y brindar mayores libertades a las empresas que operen en sectores tecnológicos.
Otro de los pilares del proyecto consiste en evitar regulaciones previas sobre los sistemas de inteligencia artificial. La idea es que el Estado no intervenga de manera anticipada en el diseño, entrenamiento o funcionamiento de los algoritmos, dejando que la evolución tecnológica avance sin restricciones específicas. Según la visión oficial, una regulación temprana podría frenar inversiones y limitar el potencial de crecimiento de una industria considerada estratégica para los próximos años.
La reforma también contempla un esquema orientado a mejorar la competitividad internacional. Entre las herramientas previstas aparecen incentivos fiscales y la posibilidad de que las compañías elijan marcos normativos corporativos internacionales para regir determinadas operaciones. El objetivo es generar condiciones que resulten atractivas para firmas tecnológicas, fondos de inversión y emprendedores vinculados al desarrollo de inteligencia artificial.
Además, el proyecto incorpora el reconocimiento legal de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas, conocidas como DAO por sus siglas en inglés. Se trata de estructuras digitales basadas en tecnología blockchain que funcionan mediante contratos inteligentes y mecanismos de gobernanza distribuidos. Con la reforma, estas organizaciones podrían acceder a un marco jurídico específico para operar formalmente dentro del país.
La propuesta ya comenzó a generar debate tanto en ámbitos políticos como económicos. Mientras sectores cercanos al oficialismo destacan el carácter innovador de la iniciativa y la consideran una oportunidad para captar inversiones de alto valor agregado, desde distintos espacios opositores surgieron cuestionamientos vinculados a la ausencia de controles y a los posibles riesgos asociados al funcionamiento de sistemas autónomos.
Las discusiones también alcanzan al plano internacional. En los últimos años, varias economías desarrolladas avanzaron en marcos regulatorios destinados a supervisar el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente en cuestiones relacionadas con la seguridad, la protección de datos y la transparencia de los algoritmos. La propuesta impulsada por el Gobierno argentino se diferencia de esas tendencias al priorizar un esquema de libertad regulatoria más amplio.
Con el ingreso del proyecto al Senado, el debate promete intensificarse en las próximas semanas. La discusión no sólo gira en torno al futuro de la inteligencia artificial, sino también al papel que deberá asumir el Estado frente a una tecnología que avanza a gran velocidad y que podría transformar profundamente la economía, el empleo y la organización de las empresas durante las próximas décadas.
