El Gobierno nacional se prepara para una nueva etapa política luego de las elecciones del 26 de octubre y el presidente Javier Milei ya tiene en mente una estrategia: reeditar un pacto de gobernabilidad con los gobernadores. La idea es encarar una serie de reformas estructurales en los próximos meses, con la mirada puesta en el inicio de 2026, y dar una señal de estabilidad en medio de la incertidumbre económica.
El plan presidencial apunta a tres ejes centrales: una reforma laboral que incentive la formalización del empleo, una reforma tributaria que mejore la recaudación de las provincias y una reforma previsional que garantice la sustentabilidad del sistema. Desde la Casa Rosada confían en que el paquete de proyectos pueda ingresar al Congreso en diciembre de este año, apenas pasada la etapa electoral.
En Balcarce 50 señalan que el acuerdo buscará ser similar al Pacto de Mayo firmado en Tucumán en 2024, cuando 18 gobernadores acompañaron al Presidente en una puesta en escena que intentó mostrar respaldo político. Esta vez, sin embargo, el oficialismo reconoce que la relación con varias provincias quedó resentida tras los vetos presidenciales y los recortes de fondos, lo que debilitó el margen de maniobra en el Congreso.
La estrategia del Gobierno es retomar el diálogo con los mandatarios provinciales, en especial con aquellos considerados “dialoguistas”, y sellar compromisos legislativos que permitan sostener los vetos y garantizar la sanción de las nuevas leyes. Como gesto de apertura, en Nación aseguran estar dispuestos a revisar la distribución de partidas presupuestarias y discutir el esquema de coparticipación, aunque descartan de plano entregar cargos en el gabinete.
Uno de los actores clave en esta nueva etapa será Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, quien tendrá la tarea de acercar posiciones con las provincias. El funcionario ya prepara una agenda de visitas a los distritos, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que deberá negociar cuestiones sensibles como cancelación de deudas y distribución de fondos luego del veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En la mesa chica del Presidente admiten que la inestabilidad política terminó repercutiendo en lo económico. La tensión con los gobernadores y con parte del Congreso obligó a sostener tasas de interés altas para contener los mercados, lo que derivó en un enfriamiento de la actividad. Por eso, en la Casa Rosada entienden que el nuevo acuerdo federal no solo es necesario en términos parlamentarios, sino también como señal de previsibilidad para los inversores.
El oficialismo no oculta que se trata de un desafío mayúsculo. La Libertad Avanza llega a esta instancia con menor fuerza legislativa que al inicio de la gestión y con varias batallas políticas perdidas en el Congreso. Sin embargo, Milei apuesta a que el respaldo electoral en octubre y el compromiso de algunos gobernadores alcance para dar viabilidad a las reformas.
En Nación se habla de un horizonte de dos años para concretar los cambios estructurales. La reforma tributaria, señalan, estará pensada para fortalecer a las provincias con mayores recursos propios; la laboral buscará reducir la litigiosidad y mejorar la formalización; mientras que la previsional intentará equilibrar el sistema sin afectar a los actuales beneficiarios.
La intención de la Casa Rosada es enviar una señal clara: sin un nuevo acuerdo federal, no habrá margen para estabilizar la economía ni para encarar la reactivación que el oficialismo promete para 2026. Con las elecciones de medio término en el horizonte de 2027, el Gobierno quiere llegar con un esquema de gobernabilidad consolidado y con reformas que marquen la gestión de Milei.
