Las políticas públicas vinculadas a género, diversidad y prevención de las violencias atraviesan uno de los mayores ajustes de los últimos años. Según un relevamiento sobre el Presupuesto 2026, los programas nacionales orientados a la prevención de la violencia de género, la promoción de derechos y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad registran una reducción conjunta del 89% respecto de los niveles de inversión de años anteriores.
El recorte se produce en un contexto de fuerte debate político sobre el rol del Estado en estas áreas. Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei cuestionó abiertamente distintas políticas impulsadas durante las últimas décadas y avanzó con una reestructuración que incluyó la eliminación de organismos específicos, modificaciones en programas y cambios en el enfoque institucional sobre la problemática.
Uno de los casos más significativos es el del Programa Acompañar, destinado a brindar asistencia económica a mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan situaciones de violencia. La iniciativa sufrió una drástica reducción en su alcance y ejecución. Mientras que en años anteriores había llegado a más de 100 mil beneficiarios, la cobertura se redujo de manera considerable y ya no cuenta con partidas específicas previstas para los próximos ejercicios presupuestarios.
Otro de los programas afectados es la Línea 144, servicio de atención, orientación y contención para personas que sufren violencia de género. La disminución de recursos impactó tanto en su presupuesto operativo como en la cantidad de trabajadores asignados al sistema, lo que podría limitar su capacidad de respuesta en los próximos años.
El ajuste también alcanza a las políticas de salud sexual y reproductiva. Entre ellas, la distribución gratuita de preservativos, que registró una fuerte caída durante el primer año de la actual gestión. Especialistas advierten que este escenario podría repercutir en las estrategias de prevención de infecciones de transmisión sexual y en el acceso a métodos de cuidado para amplios sectores de la población.
La Educación Sexual Integral (ESI) aparece entre las áreas con mayores reducciones presupuestarias. Los fondos proyectados para 2026 representan apenas una pequeña porción de los recursos ejecutados en 2023. Como consecuencia, se desplomó la cantidad de docentes capacitados y también disminuyó la asistencia técnica brindada a las jurisdicciones educativas.
La situación se replica en el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que durante los últimos años había desarrollado acciones de acompañamiento, asesoramiento y formación en distintos puntos del país. La planificación presupuestaria prevé una inversión significativamente menor a la registrada antes del cambio de gestión.
Los cambios no se limitan a las partidas económicas. En paralelo al ajuste presupuestario, el Gobierno impulsó modificaciones en el lenguaje institucional y en los criterios de abordaje de distintas problemáticas vinculadas a género y diversidad. La administración nacional sostiene que busca centrar sus acciones en políticas generales de protección familiar y delitos contra la integridad sexual, mientras que sectores especializados consideran que ese enfoque diluye las particularidades de la violencia ejercida contra las mujeres.
El debate volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas, en medio de una nueva movilización del movimiento Ni Una Menos y de discusiones públicas sobre el concepto de femicidio. Las posiciones enfrentadas reflejan una disputa más amplia sobre el alcance de las políticas estatales y las herramientas necesarias para prevenir situaciones de violencia.
Las estadísticas disponibles muestran que la problemática continúa teniendo un fuerte impacto social. La mayoría de los casos de violencia extrema contra mujeres ocurre en ámbitos cercanos a las víctimas y, en muchos casos, dentro de sus propios hogares. Además, miles de niños y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de estos hechos durante la última década.
Mientras el Gobierno defiende su política de reducción del gasto público y revisión de programas estatales, organizaciones y referentes del área advierten que la disminución de recursos podría afectar la capacidad de prevención, asistencia y acompañamiento en situaciones de riesgo. En ese escenario, la discusión sobre el futuro de las políticas de género se mantiene como uno de los ejes más sensibles del debate público nacional.
