El gasto público nacional alcanzó su nivel más bajo desde 2008 tras los dos primeros años de gestión del presidente Javier Milei. Según un informe del IARAF, basado en datos del INDEC, el gasto primario se redujo en US$ 38.000 millones, equivalentes a unos $50 billones a precios constantes, lo que representa una caída del 27,2% entre 2023 y 2025, de $185 a $134 billones.
La reducción llevó al gasto consolidado al 31,4% del PBI, muy por debajo del pico de 41,6% registrado en 2015. El ajuste se centró en áreas de gasto ineficiente y discrecional: las transferencias de capital a provincias cayeron un 93,8% y los subsidios un 83,9%. En términos absolutos, la baja más importante se observó en programas sociales ($10,5 billones), subsidios a la energía ($8,8 billones) y obra pública ($8,3 billones).
El recorte también impactó en el gasto salarial del Estado, que se redujo en $6,3 billones gracias a la racionalización de estructuras y la eliminación de privilegios enquistados. Sin embargo, la Asignación Universal por Hijo fue el único rubro con crecimiento real, aumentando un 70%, unos US$ 1.900 millones, reforzando la asistencia directa a los sectores más vulnerables.
El informe señala que el mayor ajuste se realizó en 2024, con una caída de 6,3 puntos del PBI, mientras que en 2025 la reducción fue más moderada, mostrando una estrategia de shock inicial seguida por consolidación fiscal. A diferencia de la Nación, varios gobiernos provinciales y municipales incrementaron su gasto, dejando en evidencia que la política de ajuste fue centralizada.
Pese a la magnitud del recorte, el Gobierno logró mantener el superávit fiscal y sentar las bases para una economía más previsible. La combinación de control del gasto político y aumento de la asistencia social directa marca un cambio de enfoque en la gestión pública, que prioriza la eficiencia y la equidad sobre el gasto indiscriminado.
