El conflicto sindical volvió a escalar en uno de los sectores más sensibles de la economía. El Sindicato de Camioneros dispuso un paro total por tiempo indefinido en la planta Mega de Coca-Cola, una de las más grandes del país, en el marco de un clima de fuerte tensión gremial atravesado por el debate de la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso.
La medida fue definida en asamblea por unos 1.500 trabajadores y contó con el respaldo explícito de la conducción del gremio. El reclamo central apunta a la regularización de personal contratado, mejoras en el esquema de presentismo y la incorporación de más trabajadores para el turno nocturno, puntos que —según plantearon los delegados— impactan de manera directa en las condiciones laborales cotidianas dentro de la planta.
La decisión de paralizar la actividad se conoció horas después de que la Confederación General del Trabajo resolviera moderar su estrategia frente al avance del proyecto oficial. La central obrera optó por una movilización durante el tratamiento legislativo y descartó, al menos por ahora, un paro general, con el objetivo de no romper los canales de diálogo abiertos con el Ejecutivo.
En ese contexto, el conflicto en Coca-Cola quedó rápidamente bajo la lupa del Gobierno. La secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y suspendió de manera inmediata la medida de fuerza, abriendo un compás de negociación que obliga a las partes a sentarse a dialogar. La intervención oficial buscó desactivar un foco de conflicto que amenazaba con extenderse a otros sectores estratégicos.
Desde el gremio, la postura fue clara. Durante la asamblea, Pablo Moyano sostuvo que la protesta apuntaba a garantizar “condiciones laborales dignas” y advirtió que el sindicato mantendrá una actitud firme si no hay respuestas concretas por parte de la empresa. La decisión fue respaldada de manera unánime por los trabajadores, que reclamaron soluciones estructurales y no compromisos transitorios.
El trasfondo del conflicto excede lo estrictamente sectorial. La discusión por la reforma laboral atraviesa a todo el movimiento obrero y expone diferencias profundas dentro de la dirigencia sindical. Mientras un sector de la CGT apuesta a una estrategia de negociación política para introducir cambios en el proyecto, otros gremios ya activaron planes de lucha propios y anticipan un escenario de confrontación más directa.
El ala vinculada al transporte se muestra entre las más combativas. Dirigentes de ese espacio confirmaron paros sectoriales de 12 horas en coincidencia con la sesión clave del Senado, lo que suma presión sobre el Gobierno y complica el objetivo oficial de sostener un clima de estabilidad social durante el debate parlamentario.
Puertas adentro de la CGT, la discusión sigue abierta. Algunos dirigentes mantienen expectativas de que el Ejecutivo acepte modificaciones al texto original tras las rondas de conversaciones técnicas, aunque reconocen que no hay garantías de que los reclamos sindicales sean incorporados. La incertidumbre domina el escenario y alimenta la desconfianza entre los gremios.
Entre los puntos que generan mayor preocupación figuran los cambios en el derecho de huelga, las exigencias de mantener niveles mínimos de prestación en servicios considerados esenciales y las limitaciones a la realización de asambleas en los lugares de trabajo. Para los sindicatos, estas modificaciones recortan herramientas históricas de organización y protesta.
En ese marco, el conflicto en Coca-Cola funciona como una señal de advertencia. No se trata de un hecho aislado, sino de un anticipo de la dinámica que podría profundizarse en las próximas semanas si la reforma avanza sin consensos amplios. La conciliación obligatoria abre una instancia de negociación, pero no despeja el trasfondo de malestar que recorre al sindicalismo.
Mientras tanto, Moyano volvió a convocar a la movilización en las calles durante la fecha prevista para el tratamiento de la reforma, con un mensaje orientado a unificar las protestas sectoriales en una expresión gremial más amplia. El desenlace del conflicto, tanto en la planta como en el Congreso, será clave para medir el rumbo de la relación entre el Gobierno, los sindicatos y las grandes empresas en el corto plazo.
