El Gobierno asegura que CTERA incumplió la prestación mínima del 75% durante el paro docente nacional del 3 de agosto y abrió un expediente administrativo contra la confederación. La Secretaría de Trabajo terminó una primera evaluación de los relevamientos realizados durante la huelga y avanzó con una actuación por el incumplimiento de la obligación prevista para los servicios esenciales.
El relevamiento tuvo resultados diferentes según la jurisdicción. En Balcarce 50 sostienen que el acatamiento al paro fue alto en provincias gobernadas por el peronismo, mientras que en otras jurisdicciones aseguran que se alcanzó la prestación mínima exigida. “Fue muy heterogéneo. En las provincias peronistas hubo alto acatamiento. En el resto se cumplió la ley”, agregan.
El Gobierno no tiene todavía un porcentaje nacional consolidado de incumplimiento y tampoco sostiene que el 75% de las clases se haya interrumpido. La infracción que le atribuye a CTERA consiste en no haber garantizado en parte del país el piso del 75% de la prestación normal que establece la legislación, una diferencia relevante para la evaluación administrativa.
La base jurídica es el artículo 24 de la Ley 25.877, reformado este año por la reforma laboral. La norma incorporó expresamente como servicios esenciales al cuidado de menores y a la educación inicial, primaria, secundaria y especial, y dispone que durante los conflictos colectivos la cobertura nunca puede fijarse por debajo del 75% de la prestación normal.
El régimen establece además un procedimiento específico. La organización que impulsa una medida de fuerza debe preavisarla con cinco días de anticipación y las partes tienen que acordar ante la autoridad laboral cómo se garantizarán los servicios mínimos, qué personal quedará afectado, los horarios y las funciones. Si no existe acuerdo o el esquema es insuficiente, Trabajo puede fijar esas condiciones en consulta con la Comisión de Garantías.
La Secretaría de Trabajo fiscalizó el paro mediante sus agencias territoriales y recopiló información sobre el funcionamiento de establecimientos en distintas provincias. La actuación que ahora abrió el Gobierno está dirigida a determinar la responsabilidad de CTERA como organización nacional convocante, aunque la prestación educativa y la relación laboral con los docentes dependen principalmente de las jurisdicciones provinciales.
La apertura del expediente inicia el procedimiento administrativo sobre el que Trabajo deberá determinar la responsabilidad de CTERA y una eventual sanción. La confederación tendrá derecho a presentar su descargo y aportar pruebas antes de que la Secretaría adopte una resolución definitiva.
La ley habilita sanciones ante incumplimientos relacionados con los servicios mínimos. Eso no determina automáticamente una multa ni permite calcular todavía su monto: la autoridad deberá definir primero qué conducta concreta imputa, su gravedad y el universo eventualmente afectado.
En la Casa Rosada miran como antecedente los procedimientos abiertos este año contra La Fraternidad y la UTA, aunque se trata de situaciones jurídicamente diferentes. En esos casos, Trabajo avanzó porque los gremios habían adherido al paro general mientras tenían conciliaciones obligatorias vigentes. La Fraternidad terminó recibiendo una multa de más de $21.000 millones; en el caso docente, en cambio, la discusión se centra en el régimen de prestaciones mínimas.
CTERA sostiene una lectura opuesta sobre la jornada del 3 de agosto. La organización aseguró que el paro tuvo un “altísimo acatamiento” y mantiene sus reclamos por salarios, financiamiento educativo, restitución del FONID y convocatoria a la negociación nacional. Una eventual sanción abriría así una nueva disputa administrativa y judicial sobre el alcance de los controles federales en un sistema educativo gestionado por las provincias.
El expediente se conoce además en la previa de una nueva medida de fuerza en las universidades nacionales, prevista para este miércoles. El Ministerio de Capital Humano sostiene que cumple con los compromisos asumidos con el sistema universitario y rechaza los argumentos de los gremios docentes y no docentes para justificar la huelga.
La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que transfirió $666.823 millones para gastos de personal e incrementos salariales correspondientes a junio y la primera cuota del aguinaldo, y asignó otros $448.544 millones para julio. También sostiene que continúa cumpliendo el acta paritaria firmada el 10 de junio y calificó oficialmente la protesta universitaria como “ilegítima” y de motivaciones políticas.
El conflicto universitario tiene, sin embargo, un encuadre legal diferente al paro de CTERA. La enumeración de servicios esenciales de la Ley 25.877 alcanza expresamente a la educación inicial, primaria, secundaria y especial, pero no incluye a la educación universitaria. Por lo tanto, el piso obligatorio del 75% que fundamenta el expediente contra CTERA no se traslada automáticamente al paro de las universidades.
La definición inmediata quedará ahora en manos de la Secretaría de Trabajo. El Gobierno ya da por detectado un incumplimiento y abrió el expediente contra CTERA, pero todavía debe resolver si esas actuaciones justifican iniciar un sumario y aplicar sanciones. En Balcarce 50 evitan anticipar la medida hasta que termine el procedimiento y quede determinada formalmente la responsabilidad de la confederación.
