El Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un acuerdo para saldar la deuda acumulada por coparticipación durante el último año. La solución se instrumentará a través de la entrega de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses, lo que permitirá cancelar un pasivo estimado en torno a los $800.000 millones y normalizar el flujo de transferencias entre ambas jurisdicciones.
El entendimiento llega tras varios meses de negociaciones políticas y técnicas entre el Ministerio de Economía de la Nación y el equipo financiero porteño. La deuda se había generado por demoras en los giros semanales que debían realizarse en el marco del esquema vigente de coparticipación, lo que derivó en tensiones administrativas y reclamos formales por parte de la Ciudad.
Según se informó, la regularización de estos pagos había sido contemplada en el presupuesto del próximo año de la administración porteña, lo que daba margen para encarar una solución financiera sin afectar el funcionamiento inmediato del Estado local. El mecanismo elegido, la transferencia de bonos a corto plazo, busca dar previsibilidad y cerrar el atraso acumulado sin recurrir a desembolsos directos de caja.
El conflicto se había originado a partir del incumplimiento del esquema acordado tras una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2022 ordenó la restitución de un porcentaje adicional de coparticipación. A partir de ese fallo, se estableció un coeficiente que elevaba los fondos que la Ciudad debía recibir, pero su aplicación registró demoras en los últimos meses.
En septiembre de 2024, ambas partes habían alcanzado un primer entendimiento para ordenar las transferencias. Sin embargo, con el correr del tiempo los pagos comenzaron a ralentizarse nuevamente, lo que derivó en la acumulación de la deuda que ahora se busca cerrar mediante este nuevo acuerdo financiero.
El entendimiento actual no incluye el reclamo histórico vinculado al recorte de coparticipación dispuesto en 2020, cuando se modificó el porcentaje de fondos que recibía la Ciudad en el marco de una reasignación de recursos. Ese punto continúa abierto y forma parte de un litigio de mayor escala que permanece sin resolución definitiva.
En ese caso, la discusión gira en torno a la reducción del coeficiente de coparticipación y su impacto en las finanzas porteñas, con estimaciones de deuda que superan los miles de millones de dólares. Se trata de un conflicto de largo plazo que excede el acuerdo anunciado y que sigue siendo motivo de disputa institucional entre ambas administraciones.
El cierre del entendimiento se dio en un contexto de tensiones políticas entre los principales espacios del oficialismo nacional y la oposición, aunque las negociaciones económicas lograron sostener un canal de diálogo para avanzar en la solución del problema inmediato.
De esta manera, el acuerdo permite descomprimir parcialmente la situación financiera y ordenar las transferencias atrasadas, mientras se mantiene abierto el debate por el esquema de coparticipación y su distribución en el mediano y largo plazo.
