La causa Cuadernos volvió a ocupar el centro de la escena judicial con una audiencia cargada de testimonios que buscaron reconstruir cómo habría operado un esquema de recaudación política dentro de la obra pública nacional. Durante la novena jornada ante el Tribunal Oral Federal 7, se repasaron las declaraciones de distintos empresarios imputados que, en su rol de colaboradores, expusieron presuntas presiones, maniobras de cartelización y pagos sistemáticos vinculados a obras viales. Las exposiciones, que ya forman parte del expediente, volvieron a tomar fuerza al ser leídas en esta fase oral del proceso, en un juicio que promete extenderse durante varios meses.
El avance del debate oral sumó un nuevo capítulo a una investigación que, desde 2018, sacudió al escenario político argentino al poner bajo la lupa adjudicaciones millonarias, vínculos entre empresarios y funcionarios, y una presunta estructura destinada a financiar actividades partidarias. En esta ocasión, las descripciones de los imputados se centraron en el funcionamiento interno de la Cámara Argentina de Empresas Viales y su relación con la asignación de contratos de obra pública durante los años de mayor expansión de infraestructura en el país.
Entre los testimonios más extensos volvió a destacarse el de Aldo Roggio, quien señaló que su empresa enfrentó demoras en pagos, redeterminaciones y certificaciones por no plegarse —según su versión— a pedidos de aportes extraoficiales. Roggio afirmó que esas presiones provenían desde el Ministerio de Planificación y que, al no aceptar la supuesta metodología, su firma quedó marginada de adjudicaciones relevantes. El empresario describió un escenario donde los pagos que debía recibir por obras ya ejecutadas se convertían en un mecanismo de condicionamiento, con pedidos de contribuciones económicas que, según él, se volvían indispensables para destrabar fondos.
También se leyó la declaración de Carlos Wagner, figura clave dentro del sector y uno de los arrepentidos más escuchados en esta causa. Wagner remarcó que, a partir de 2006, la Dirección Nacional de Vialidad comenzó a retrasar pagos de forma sistemática, generando un contexto financiero crítico para las empresas contratistas. Otros testimonios ratificaron esa sensación de ahogo: demoras en redeterminaciones, pagos parciales, exigencias de aportes cuyo monto no guardaba proporción con el volumen de las obras y, según describieron, un sistema irregular que funcionaba por fuera de los procesos administrativos tradicionales.
En varios pasajes, los empresarios coincidieron en que Ernesto Clarens, financista y dueño de Inverness SA, era el intermediario habitual para la entrega de dinero. Según estos testimonios, Clarens recibía los aportes, los cambiaba a dólares y luego los entregaba a funcionarios de la órbita de Planificación. Ese circuito habría operado hasta 2011, con distintas intensidades y niveles de presión según las empresas y la magnitud de las deudas que el Estado mantenía con cada una.
El aporte de Ángelo Calcaterra, otro de los empresarios que pasó por el régimen del arrepentido, dio cuenta de casos puntuales en los que se recurrió a Clarens para destrabar pagos atrasados. Calcaterra sostuvo que en algunas oportunidades “no había otra opción” para sostener la actividad y evitar que la empresa quedara paralizada. Su testimonio se enlazó con el de otros imputados que describieron reuniones tensas, negociaciones informales y sugerencias directas sobre la necesidad de realizar aportes si querían mantenerse dentro del circuito de adjudicación de obras.
El relato más detallado sobre el funcionamiento interno del presunto esquema apareció nuevamente con la declaración de José López, exsecretario de Obras Públicas, cuya exposición —ya conocida desde 2018— sigue siendo una de las piezas centrales de la acusación. López reconstruyó cómo cada mes se elaboraban los listados de empresas que cobrarían certificados de obra, con un mecanismo que, según él, dependía de la aprobación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del entonces ministro Julio De Vido. También aseguró que ciertos pagos eran dirigidos prioritariamente hacia cuatro empresas y que el presupuesto disponible se distribuía recién después de satisfacer ese grupo.
El exfuncionario, recordado por el episodio de los bolsos en un convento de General Rodríguez, describió encuentros, entregas de dinero y una dinámica que, según su testimonio, se intensificaba en épocas electorales. Relató una entrega puntual en 2007 que habría sido coordinada por Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, y mencionó aportes destinados a financiar campañas políticas. López sostuvo además que la recaudación seguía lineamientos que él no podía modificar y que, tras la muerte de Néstor Kirchner, el sistema entró en un período de reacomodamiento, hasta que —siempre según su versión— la expresidenta le pidió continuar con el mecanismo.
Ernesto Clarens, por su parte, fue señalado como la figura que centralizaba los retornos. Su declaración apuntó contra empresarios y exfuncionarios, asegurando que recibía dinero para luego entregarlo a López o a otros intermediarios, dependiendo de quién fuese el beneficiario final. Clarens enumeró encuentros en hoteles y domicilios particulares donde, según él, se concretaban entregas de sumas importantes en dólares. Su rol, siempre bajo investigación, aparece en el expediente como el engranaje financiero que conectaba a las empresas con la estructura estatal.
En otro pasaje del debate se repasó el descargo de Miguel Marcelino Aznar, titular de Vialco y Decavial, quien afirmó que su empresa recibía amenazas si no cumplía con los pagos exigidos y que las demoras en la cancelación de certificados ponían en riesgo su continuidad operativa. Aznar aseguró que debía afrontar una contribución mensual que rondaba los 25 mil dólares y que, a lo largo del tiempo, aportó más de 900 millones de pesos para sostener el ritmo de los contratos.
El expediente de este tramo de la causa involucra a un amplio abanico de funcionarios y empresarios. Además de la expresidenta, se juzga a De Vido, López y a otros exdirigentes de la Dirección Nacional de Vialidad. La acusación se centra en la existencia de una asociación ilícita dedicada a recaudar fondos a partir de la obra pública, con cohecho activo de parte de empresarios y cohecho pasivo de los funcionarios que habrían recibido o exigido pagos irregulares.
El documento de elevación a juicio presentado en 2019 describe un sistema donde, presuntamente, cada contrato de obra podía llevar implícito un porcentaje adicional destinado a la recaudación política, operado a través de Clarens y pactado informalmente con distintos actores. Ese entramado, que según la acusación se mantuvo durante varios años, es lo que el TOF 7 busca dilucidar en este debate oral.
Mientras tanto, la causa Cuadernos sigue siendo uno de los procesos judiciales más observados de los últimos años, no solo por la magnitud de las obras involucradas sino también por el impacto político y económico que dejó al descubierto. El próximo martes, el tribunal retomará la audiencia a partir de las 13.30, en una etapa donde aún restan declarar múltiples imputados y en la que se espera que las defensas comiencen a plantear sus estrategias de descargo.
Con testimonios que se reavivan en cada audiencia, el juicio mantiene la expectativa sobre cómo evaluará el tribunal la veracidad, consistencia y alcance de cada declaración. De fondo, vuelve a instalarse el debate sobre la transparencia en la obra pública y las prácticas que, durante años, marcaron la relación entre el Estado nacional y los principales contratistas del país.
