La exjueza Mariel Suárez será reincorporada al Poder Judicial luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Chubut resolviera anular la sentencia dictada en su contra en noviembre de 2023. La decisión, adoptada por unanimidad, deja sin efecto el fallo que había derivado en su apartamiento y ordena su restitución inmediata.
El caso había adquirido una enorme repercusión pública a fines de 2021, cuando se difundieron imágenes registradas dentro de una unidad penitenciaria en las que la magistrada aparecía junto a Cristian “Mai” Bustos, un interno condenado a prisión perpetua por homicidio. La situación generó cuestionamientos y abrió una serie de investigaciones que se extendieron durante varios años.
La controversia no estuvo centrada únicamente en las imágenes que circularon públicamente. Posteriormente, se impulsó una denuncia que apuntaba a determinar si la entonces jueza había incumplido sus deberes como funcionaria al ausentarse de una audiencia judicial alegando problemas de salud para concretar una visita al detenido.
Según sostuvo Suárez durante el proceso, los encuentros tenían como finalidad realizar entrevistas para la elaboración de un libro sobre la vida del interno. Esa explicación fue uno de los ejes de su defensa a lo largo de las distintas instancias judiciales y administrativas.
La causa penal vinculada a esos hechos concluyó el año pasado con el sobreseimiento de la magistrada. En esa oportunidad, el juez interviniente consideró que no existían elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito y dispuso el archivo del expediente antes de que llegara a juicio oral.
Ese antecedente resultó clave en el planteo presentado por Suárez para recuperar su cargo. Finalmente, el máximo tribunal provincial entendió que durante el proceso que concluyó con la sanción se vulneró la garantía de imparcialidad, motivo por el cual resolvió declarar la nulidad de la sentencia y ordenar su reincorporación.
Durante la investigación administrativa se incorporaron diversos testimonios de agentes penitenciarios que describieron los encuentros mantenidos entre la jueza y el condenado. Varios de ellos señalaron haber observado una relación de cercanía que consideraron inusual para el contexto en el que se desarrollaban las visitas.
Uno de los efectivos declaró que ambos se reunieron en un sector destinado a actividades educativas dentro del establecimiento y que, a través de las cámaras de seguridad, advirtió gestos de afecto, abrazos y una proximidad que le hizo presumir la existencia de besos. También afirmó que se tomaron fotografías juntos durante el encuentro.
Otra integrante del personal penitenciario indicó que la magistrada ingresó al penal llevando distintos elementos personales y alimentos para compartir durante la entrevista. Según relató, posteriormente recibió comentarios de superiores que mencionaban una actitud particularmente cercana entre ambos.
Además, otros testimonios incorporados al expediente señalaron que existían informes internos elaborados tras las visitas debido a conductas consideradas impropias para el vínculo entre una funcionaria judicial y una persona condenada.
Al día siguiente de uno de esos encuentros, cuando Suárez regresó al establecimiento penitenciario, fue advertida sobre la existencia de un reporte relacionado con lo ocurrido. De acuerdo con las declaraciones recogidas en la investigación, la entonces jueza rechazó las versiones que circulaban y explicó que el interno le había tomado afecto durante las entrevistas.
Con la resolución conocida ahora, el extenso proceso que combinó investigaciones administrativas, cuestionamientos públicos y actuaciones judiciales suma un nuevo capítulo. La decisión del Tribunal Superior de Justicia restablece a Suárez en sus funciones y reabre el debate sobre uno de los casos que más repercusión generó en el ámbito judicial durante los últimos años.
