La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo movimiento clave con la orden judicial de peritar audios que habrían circulado en el marco de la causa. El juez federal Ariel Lijo dispuso que especialistas de la Gendarmería Nacional Argentina realicen un análisis técnico para determinar la autenticidad, integridad y origen de las grabaciones donde se mencionan supuestos pagos indebidos vinculados a compras estatales.
Las escuchas forman parte del expediente que investiga un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos de alto costo. En ese marco, uno de los nombres que aparece en la causa es el de Karina Milei, aunque la validez del material está ahora bajo revisión judicial. El foco inmediato está puesto en establecer si los archivos son genuinos o si presentan alteraciones, ediciones o montajes.
El principal implicado en la investigación, el exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, rechazó la autenticidad de las grabaciones y sostiene que se trata de material adulterado. Su defensa insiste en que los audios no pueden ser utilizados como prueba válida, lo que abrió una estrategia orientada a cuestionar toda la base probatoria del expediente.
En ese sentido, la defensa técnica, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, busca demostrar que los registros fueron manipulados digitalmente. Para eso, incorporó un perito de parte y presentó un conjunto de puntos de análisis orientados a revisar la cadena de custodia, posibles cortes, saltos temporales y eventuales ediciones en el material audiovisual.
Uno de los informes incorporados por la defensa incluso plantea la posibilidad de que los audios hayan sido alterados mediante herramientas tecnológicas avanzadas, lo que refuerza la estrategia de impugnación. El objetivo es solicitar la nulidad de las pruebas si se confirma cualquier tipo de intervención sobre el material original.
En paralelo, el fiscal Franco Picardi dispuso la intervención de equipos técnicos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que trabajarán junto a los peritos oficiales para garantizar el control del procedimiento. La medida busca dar mayor solidez al análisis y evitar cuestionamientos sobre la transparencia del peritaje.
La causa, sin embargo, no se limita a los audios. Según la investigación, existen elementos documentales y registros informáticos que sostienen la hipótesis de un esquema de direccionamiento de contrataciones públicas. La Justicia sostiene que habría existido una estructura organizada para favorecer determinadas compras dentro del organismo, con posibles sobreprecios en distintos rubros.
En ese marco, el exfuncionario Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, pesa sobre él un embargo millonario en el marco del expediente.
La hipótesis central del Ministerio Público Fiscal describe una operatoria que habría involucrado la cartelización de compras estatales, con intervención de distintos actores del circuito administrativo y privado. La investigación detectó presuntas irregularidades no solo en medicamentos complejos, sino también en insumos básicos del sistema de salud.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba y declaraciones previstas. Uno de los próximos pasos será la citación de empresarios vinculados al expediente, en una línea de investigación que busca determinar el recorrido de los fondos y su eventual destino final dentro de una presunta red de desvío de recursos públicos.
