La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización H.I.J.O.S. presentaron una denuncia formal en los tribunales federales de Buenos Aires para solicitar la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en caso de que concrete su visita a la Argentina en septiembre. Según manifestaron, se lo responsabiliza por crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos contra la población palestina en la Franja de Gaza.
La denuncia, que ya se encuentra radicada en el Juzgado Federal N.º 7, bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuan, insiste en que el mandatario israelí debe ser arrestado conforme al principio internacional de “extraditar o juzgar”. Se apoya en las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI), que en noviembre de 2024 lo consideró penalmente responsable como coautor de diversos crímenes.
Desde las organizaciones impulsoras sostienen que Netanyahu lidera una política de exterminio contra el pueblo palestino, caracterizada por el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza militar, el bloqueo prolongado de Gaza y ataques contra infraestructuras civiles esenciales como hospitales, escuelas y campamentos de refugiados. Según la presentación judicial, se trata de una estrategia prolongada en el tiempo con el objetivo de forzar el desplazamiento forzoso de la población palestina y su sustitución territorial.
Una acusación con impacto internacional, pero anclada en la Justicia local
Aunque la denuncia tiene un fuerte componente internacional, ya que se basa en normas del derecho penal internacional y en resoluciones de organismos como la CPI, los impulsores subrayan que la Argentina tiene obligaciones claras en esta materia. Citando el Estatuto de Roma —al que nuestro país adhiere desde 2001—, aseguran que, ante la presencia de
Netanyahu en territorio nacional, las autoridades judiciales argentinas están obligadas a actuar.
El documento judicial presentado por ATE e H.I.J.O.S. incluye informes, registros de víctimas y análisis sobre los territorios palestinos ocupados. Uno de los puntos más destacados señala que, desde el 7 de octubre de 2023, las acciones del gobierno israelí han provocado más de 180 muertes y más de 6.000 heridos entre manifestantes palestinos, en lo que califican como una respuesta militar desmedida y violatoria del derecho humanitario.
Asimismo, se hace hincapié en que los ataques no solo afectaron a objetivos militares sino también a la población civil y a estructuras protegidas por el derecho internacional, como hospitales y escuelas, muchos de ellos bajo la gestión de la ONU. Estos hechos, según los denunciantes, configuran delitos imprescriptibles que deben ser juzgados allí donde los responsables pongan un pie, sin importar nacionalidades ni convenios bilaterales.
La mirada desde Salta: repercusiones y posturas locales
En nuestra provincia, la presentación judicial también generó eco, sobre todo en ámbitos vinculados a los derechos humanos y sectores sindicales con fuerte presencia en la administración pública. Desde distintos espacios sociales se observó con atención la iniciativa de ATE Capital, ya que abre un precedente en materia de compromiso con la justicia internacional desde el ámbito local.
Consultados de manera informal, referentes de organizaciones sociales y políticas de Salta destacaron que esta acción reafirma el rol activo que puede tener la Argentina en la promoción y defensa de los derechos humanos, no sólo en su territorio sino también en la escena global. Algunos remarcaron que "no se trata de tomar partido en un conflicto, sino de denunciar hechos que la comunidad internacional ya viene observando con extrema preocupación".
Además, no faltaron quienes vincularon este hecho con la historia reciente de nuestro país: “Argentina tiene una historia marcada por el terrorismo de Estado y una larga lucha por justicia. No podemos hacer la vista gorda cuando otros pueblos sufren lo que nosotros supimos padecer”, expresaron referentes de organizaciones de familiares de desaparecidos salteños, haciendo un paralelismo entre la causa palestina y las luchas por la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país.
Septiembre en la mira: tensión diplomática en puerta
La denuncia fue presentada con anticipación a una posible visita de Netanyahu a la Argentina, que estaría programada entre el 7 y el 10 de septiembre. Aunque no hay confirmación oficial por parte del gobierno nacional ni de la embajada de Israel, desde las organizaciones aseguran tener conocimiento de que el viaje ya está planificado.
En este sentido, la presentación también solicita que se emita una orden de captura en cuanto el mandatario pise suelo argentino. De no concretarse una extradición hacia La Haya —sede de la Corte Penal Internacional—, el reclamo es que se inicie un proceso judicial local conforme al principio de jurisdicción universal, que habilita a cualquier Estado parte del Estatuto de Roma a investigar y juzgar delitos de esta magnitud, sin importar dónde se hayan cometido.
Este principio ya fue aplicado en otras causas internacionales, incluso por tribunales argentinos en investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países. Ahora, ATE e H.I.J.O.S. buscan que se active nuevamente ese mecanismo, en un contexto regional y global donde la tensión en Medio Oriente sigue escalando y las respuestas diplomáticas no logran frenar el drama humanitario en Gaza.
Un debate que trasciende fronteras
Más allá de los tiempos judiciales, esta denuncia genera un debate de fondo sobre el rol de los países en la defensa de los derechos humanos. ¿Puede Argentina, con su historia y sus compromisos internacionales, permanecer al margen de lo que ocurre en otros rincones del mundo? ¿Debe actuar cuando la justicia internacional avanza pero las potencias mundiales presionan para frenar investigaciones?
En un contexto donde Estados Unidos ha cuestionado duramente el accionar de la CPI y ha intentado frenar sus decisiones respecto a Israel, los impulsores de la denuncia aseguran que es momento de reafirmar un compromiso ético y político con los principios fundantes del derecho internacional humanitario. No se trata de una cuestión partidaria ni ideológica, afirman, sino de sostener una postura coherente con la memoria histórica del país y con las obligaciones que surgen de tratados firmados por la Argentina.
Por ahora, la pelota está en el campo judicial. Pero si Netanyahu llega al país en septiembre, no sólo se abrirá un capítulo diplomático delicado: también se pondrá a prueba la vigencia del principio de justicia universal y la voluntad política de un país que, como el nuestro, ha sido ejemplo mundial en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.
