La decisión del Gobierno nacional de retirar la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un lugar en el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata abrió un nuevo frente de tensión dentro de La Libertad Avanza. A las críticas expresadas por Patricia Bullrich se sumó ahora el senador Francisco Paoltroni, quien cuestionó la marcha atrás con una postulación que ya había avanzado en el Senado.
La controversia volvió a poner en evidencia las diferencias que existen dentro del oficialismo respecto del manejo de las designaciones judiciales y la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. En distintos sectores de la bancada libertaria consideran que revertir una nominación que ya contaba con respaldo institucional genera un desgaste innecesario y afecta la previsibilidad de los procesos legislativos.
El malestar también está vinculado a la forma en que se tomó la decisión. Algunos legisladores entienden que los acuerdos alcanzados en las comisiones deben ser respetados y sostienen que modificar posiciones una vez iniciados los procedimientos transmite una señal de desorden político e institucional.
La situación reavivó además debates que ya habían generado diferencias dentro del espacio gobernante. Uno de los antecedentes más mencionados es el tratamiento de la candidatura del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, un tema que expuso posturas contrapuestas entre dirigentes que acompañan el rumbo económico del Gobierno, pero mantienen reparos sobre determinadas decisiones vinculadas al funcionamiento de la Justicia.
En ese contexto, varios referentes del oficialismo insisten en que el Senado debe conservar autonomía en el análisis de los pliegos y evitar convertirse en una instancia de mera validación de decisiones adoptadas fuera del ámbito legislativo. La discusión, afirman, excede el caso puntual de Michelli y está relacionada con el respeto de los procedimientos institucionales.
A las diferencias por las designaciones judiciales se suman otros reclamos internos vinculados a cuestiones de transparencia y gestión. Entre ellos aparecen cuestionamientos por demoras en la presentación de declaraciones juradas de funcionarios nacionales y observaciones sobre algunos criterios utilizados en la conformación de áreas clave del Estado.
Mientras el Gobierno busca mantener la cohesión política en el Congreso para avanzar con su agenda legislativa, las voces críticas dentro de La Libertad Avanza continúan ganando visibilidad. La polémica por el retiro del pliego de Michelli dejó al descubierto que, más allá de los acuerdos generales, persisten diferencias sobre los límites de la disciplina partidaria y el papel que debe desempeñar el Senado en decisiones de alto impacto institucional.
