Este lunes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) amaneció paralizada. Docentes y trabajadores no docentes nucleados en gremios como ADUBA, FEDUBA, APUBA y UTE-CTERA Universitarios llevaron adelante un paro total por 24 horas en reclamo de una urgente recomposición salarial.
La medida, que dejó vacías las aulas en todas las facultades, institutos y hospitales universitarios de la UBA, también implica un retraso en el inicio del segundo cuatrimestre. No se trata solo de un reclamo económico, sino de una fuerte denuncia sobre el desfinanciamiento del sistema universitario público.
“Estamos bajo la línea de pobreza”, fue la advertencia tajante del secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci. El dirigente remarcó que los salarios de la mayoría de los trabajadores universitarios no alcanzan para cubrir la canasta básica, y acusó al Gobierno de “asfixiar” a un sector clave para el desarrollo nacional: la educación superior.
Además, denunció la falta de un plan concreto que contemple el fortalecimiento de áreas estratégicas como la educación, la ciencia y la salud. Para Cagnacci, la situación es crítica y podría agravarse aún más si no se aprueba en el Senado la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.
La protesta de este lunes no fue un hecho aislado. Según informaron los gremios universitarios, este martes se llevarán a cabo múltiples acciones de visibilización: clases públicas, charlas abiertas, radios en vivo y actividades informativas en distintas sedes de la UBA. El objetivo: que la sociedad conozca de primera mano el deterioro que atraviesa la universidad pública.
Si no hay respuestas oficiales ni avances en el Senado respecto al proyecto de financiamiento, los gremios ya anticiparon que evaluarán nuevas medidas de fuerza. “No vamos a permitir que se desmantele la universidad pública”, aseguraron.
Lo paradójico es que, mientras enfrenta serias dificultades económicas, la UBA volvió a brillar a nivel internacional. En el último ranking global QS 2025, la universidad se ubicó en el puesto 84 entre más de 1500 instituciones de todo el mundo. Es la única universidad de América Latina que integra ese selecto grupo de las 100 mejores.
Uno de los puntos más destacados del informe fue su desempeño en “resultados de empleabilidad”, donde alcanzó el puesto 12 global. Esto indica que los egresados de la UBA tienen una sólida formación y alta inserción laboral, incluso en contextos económicos adversos.
Sin embargo, desde la propia universidad admiten que la caída de 13 puestos respecto al año anterior tiene una explicación clara: el ajuste presupuestario. La falta de inversión, sobre todo en investigación, impacta directamente en el posicionamiento global de la institución.
La UBA no es solo una universidad: es un símbolo del acceso gratuito a la educación superior en Argentina, un motor de movilidad social y un referente académico en la región. Por eso, el conflicto actual no solo afecta a quienes trabajan o estudian allí, sino que pone en cuestión el modelo de universidad pública que el país ha construido durante décadas.
El reclamo de los gremios universitarios busca no solo una mejora salarial, sino un compromiso real por parte del Estado con el sistema universitario. “Defender la universidad pública es defender el futuro del país”, insisten los manifestantes.
La tensión entre el Gobierno y las universidades públicas, especialmente la UBA, viene en aumento desde hace meses. En abril, una masiva marcha federal universitaria movilizó a miles de personas en todo el país. Ahora, este nuevo paro marca el comienzo de un segundo semestre conflictivo, con clases demoradas y una creciente incertidumbre.
Mientras tanto, la comunidad educativa sigue activa: estudiantes, docentes e investigadores participan en acciones colectivas para visibilizar el deterioro del sistema. La expectativa está puesta en el Senado, donde podría aprobarse la ley que garantizaría financiamiento a las universidades en el contexto actual.
Aunque la Ley de Financiamiento Universitario ya cuenta con media sanción, hay preocupación por una posible maniobra del Ejecutivo para frenar su avance. Cagnacci advirtió que, si el Gobierno decide vetarla, los gremios no descartan medidas más duras. "No se puede seguir gobernando de espaldas a la educación pública", sentenció.
El debate ya no es solo técnico ni presupuestario: es político y simbólico. ¿Cuál es el lugar que ocupa la educación superior en el modelo de país que se quiere construir?
