El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, realizó una fuerte autocrítica pública luego del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo crimen generó conmoción y abrió un fuerte debate sobre los controles internos dentro de la administración municipal.
El jefe comunal reconoció que existieron fallas en los mecanismos de supervisión y asumió la responsabilidad política por lo ocurrido. “Soy el máximo responsable”, afirmó al referirse al caso que involucra a Claudio Barrelier, empleado del área de Tránsito municipal y principal acusado por el asesinato de la joven.
La situación también puso bajo análisis el proceso de incorporación de Barrelier a la estructura municipal. En ese contexto, Passerini sostuvo que no corresponde minimizar la gravedad de los hechos y aseguró que la gestión ya adoptó decisiones tanto en el plano político como institucional para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Entre las medidas anunciadas, el municipio avanzará con una reforma de los controles de antecedentes penales para los empleados públicos. La iniciativa contempla que la presentación de esa documentación deje de realizarse cada cuatro años y pase a ser obligatoria cada seis meses, con el objetivo de reforzar los mecanismos de seguimiento sobre el personal.
Además, el Ejecutivo municipal impulsará la implementación de pruebas toxicológicas para los trabajadores de la administración local. Según explicó el intendente, la medida buscará fortalecer los estándares de control y, en caso de detectarse situaciones de consumo problemático, contemplará la posibilidad de brindar asistencia y tratamiento.
Passerini también reveló que, tras conocerse el caso, comenzó a recibir numerosas denuncias vinculadas a otros empleados municipales con antecedentes judiciales. Frente a ese escenario, aseguró que cada situación será analizada de manera particular para determinar si corresponde adoptar medidas administrativas.
El impacto del caso no se limitó al ámbito de la gestión municipal. La polémica también alcanzó al dirigente Ricardo Moreno, señalado por haber promovido el ingreso de Barrelier al municipio. A ello se sumaron cuestionamientos por los vínculos de personas de su entorno con la defensa del acusado.
Como consecuencia, el intendente solicitó su renuncia a la banca que ocupa en el Concejo Deliberante. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el dirigente, lo que derivó en movimientos políticos dentro del oficialismo para avanzar en una alternativa que permita su salida del cuerpo legislativo.
En ese marco, Raúl La Cava, quien se encontraba de licencia como concejal mientras ejercía funciones en el Ejecutivo municipal, comunicó su decisión de regresar al Concejo, una medida que podría modificar el escenario político generado tras la controversia.
Mientras la investigación judicial continúa su curso, el femicidio de Agostina Vega sigue provocando repercusiones en distintos ámbitos. El caso no solo generó un profundo impacto social, sino que también derivó en una revisión de los mecanismos de control dentro del Estado municipal y en una serie de decisiones políticas que buscan dar respuesta a una situación que conmocionó a la comunidad cordobesa.
