La polémica por los indicadores sociales volvió a ocupar el centro de la escena pública tras la difusión de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El documento pone bajo la lupa la metodología con la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) calcula la pobreza y la indigencia en el país. Aunque reconoce que hubo una mejora durante los últimos meses, advierte que la caída sería mucho menos pronunciada de lo que muestran los números oficiales.
El informe de la UCA sostiene que los datos del Gobierno nacional reflejan una baja “real”, pero que esa recuperación estaría sobredimensionada por factores estadísticos que distorsionan la medición. El planteo generó ruido no solo en Buenos Aires, sino también en las provincias, donde la lectura de la pobreza es un termómetro clave para evaluar la situación social. En Salta, un distrito con marcadas desigualdades territoriales, cualquier modificación en los indicadores puede implicar un cambio profundo en la distribución de recursos y en el diseño de políticas públicas.
Según los números difundidos por el Indec, la pobreza en el primer trimestre del año se ubicó en torno al 31,6% en los principales conglomerados urbanos, mientras que la indigencia cayó al 6,9%. El Gobierno celebró la baja al destacar que, durante el mismo período del año anterior, los registros alcanzaban el 52,9% y el 18,1%, respectivamente. De confirmarse esa magnitud, sería uno de los descensos más grandes en más de una década, producto principalmente de la desaceleración de la inflación y la recomposición parcial del poder adquisitivo.
Pero la UCA matiza esa celebración. En su análisis, la institución aplicó la metodología oficial del Indec y estimó que la pobreza del segundo trimestre de 2025 rondaría el 31,8%, lo que efectivamente representa una baja importante respecto de los niveles de 2023. Sin embargo, al corregir la medición para contemplar la “captación de ingresos”, el descenso real sería mucho más modesto: apenas 2,1 puntos porcentuales en el mismo período.
Ese ajuste metodológico —que busca corregir el subregistro de ingresos en hogares que no declaran con precisión cuánto ganan, o directamente omiten la información— reduce sensiblemente el efecto de la recuperación económica sobre los indicadores sociales. Según la UCA, casi tres cuartas partes de la caída que muestran las estadísticas oficiales podrían atribuirse a un efecto estadístico y no a una mejora concreta en la vida cotidiana de las familias.
Para los especialistas, este punto es crucial. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), herramienta clave del Indec para medir la pobreza y la indigencia, enfrenta desde hace años dificultades vinculadas a la declaración de ingresos, especialmente en sectores informales o con trabajos temporarios. En muchas provincias del norte argentino, incluida Salta, las economías regionales tienen una fuerte proporción de trabajadores que perciben ingresos variables, en negro o por cuenta propia. Eso complica la captura exacta de la información y puede generar distorsiones tanto al alza como a la baja.
La UCA remarca que, a pesar de estas limitaciones, sí se observa una mejora respecto del período previo a los ajustes económicos. La caída de la inflación, la modificación de precios relativos y el fortalecimiento de programas como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar habrían contribuido a aliviar parte de las carencias. Sin embargo, insiste en que el impacto sería más moderado que el reflejado por el Indec.
Este debate no es menor para provincias como Salta, donde la pobreza estructural mantiene cifras históricamente altas, especialmente en el interior. En zonas del Chaco salteño, del Valle de Lerma o en barrios periféricos de la capital provincial, la experiencia cotidiana de las familias suele no coincidir con las estadísticas que marcan los promedios nacionales. La brecha entre los números y la realidad territorial es uno de los desafíos más importantes para las gestiones provinciales y municipales, que muchas veces deben ajustar sus políticas según datos que no siempre reflejan con exactitud lo que ocurre en los hogares.
La UCA también plantea la necesidad de repensar las canastas básicas que sirven de referencia para determinar quién es pobre y quién no. Estas canastas no solo deberían ser actualizadas en función del costo de vida, sino también adaptarse a las particularidades regionales. En el caso de Salta, donde los costos de transporte, alimentos y servicios pueden variar considerablemente entre el interior profundo y la capital, la medición uniforme complica la lectura fina del mapa social.
La discusión metodológica, más allá del debate técnico, tiene consecuencias políticas. Un descenso pronunciado de la pobreza fortalece el discurso oficial, mientras que una reducción más modesta obliga a las autoridades a reconocer que el alivio social avanza, pero a un ritmo más lento del esperado. En un contexto de recuperación económica heterogénea y con un mercado laboral todavía golpeado, la forma en que se comunican los datos puede influir en la percepción pública y en las decisiones de política social.
En Salta, diversos sectores —desde organizaciones barriales hasta cámaras empresariales— siguen con atención estos informes, dado que influyen en la llegada de fondos nacionales, en el diseño de programas alimentarios y en la planificación de obras estratégicas. La pregunta que se hacen muchos es si la mejora estadística se traduce realmente en una reducción palpable de las necesidades en los barrios, o si todavía queda un largo camino por recorrer para que la recuperación económica impacte de manera sostenida en los hogares salteños.
El debate entre la UCA y el Indec abre una ventana para revisar cómo se miden las carencias en Argentina y cómo esas mediciones orientan la política pública. Mientras el Gobierno reivindica una baja marcada de la pobreza, la UCA sugiere que la mejora existe, pero en una magnitud bastante menor. En el medio, millones de familias continúan lidiando con ingresos inestables, precios que todavía no terminan de estabilizarse y servicios que encarecen la vida cotidiana.
La discusión, lejos de cerrarse, probablemente vuelva a profundizarse cuando se conozcan los próximos indicadores sociales y cuando cada provincia, incluida Salta, pueda contrastarlos con su propia realidad territorial. Por ahora, lo que queda claro es que el país muestra señales de alivio, pero también la necesidad de revisar cómo se miden y se comprenden las desigualdades para no perder de vista la complejidad social que atraviesa a la Argentina.
