[POLÉMICA] Diputada bonaerense impulsa crear un impuesto por los gases emitidos por las vacas

El debate en torno al proyecto que busca aplicar un impuesto al metano emitido por el ganado en la provincia de Buenos Aires escaló rápidamente y abrió una fuerte discusión entre el oficialismo provincial y el sector rural. La iniciativa, presentada por la diputada Lucía Klug, propone la creación de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), un tributo destinado a financiar un fondo fiduciario para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos y compensar las emisiones asociadas a la actividad ganadera.

El texto legislativo se apoya en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Según su fundamentación, Buenos Aires es una de las provincias que más gases de efecto invernadero genera en el país, con un 27% de emisiones de metano dentro de su inventario ambiental. De ese total, un 19% proviene de la ganadería a través de la fermentación entérica y el manejo del estiércol, mientras que los basurales y rellenos sanitarios aportan otro 6%.

La propuesta alcanzó una rápida visibilidad pública debido al rechazo categórico de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). La entidad consideró que el proyecto carece de fundamento técnico y advirtió que implicaría un nuevo costo en un sector que ya enfrenta una de las cargas impositivas más elevadas del país. Para los referentes rurales, la TAMBA no contribuiría a reducir las emisiones sino que afectaría la competitividad y el trabajo en las comunidades vinculadas a la producción bovina.

A las críticas se sumó el planteo de que el sector nunca fue convocado para discutir la iniciativa. Desde CARBAP sostienen que el proyecto funciona como un impuesto encubierto y que la provincia debería priorizar la revisión y eficiencia del gasto público antes de sumar nuevas tasas. También señalan que medir metano con precisión es un proceso complejo y que el texto legislativo no detalla cómo se calcularía la carga impositiva para cada establecimiento.

En paralelo al debate provincial, especialistas recuerdan que el metano es un gas de efecto invernadero clave en la discusión climática global. En Argentina, más de la mitad de sus emisiones provienen de la fermentación entérica del ganado bovino, mientras que el sector energético y la descomposición de residuos sólidos también aportan porcentajes significativos. Las fugas registradas en sistemas de gas y petróleo, así como los basurales a cielo abierto, continúan siendo fuentes de preocupación ambiental.

El proyecto de Klug aparece además en un contexto internacional donde algunos países evalúan medidas similares. El caso más mencionado es el de Dinamarca, que ya acordó aplicar a partir de 2030 un gravamen progresivo a las emisiones de metano del ganado vacuno y porcino. Sin embargo, aquel esquema fue consensuado entre gobierno, oposición y sectores productivos, lo que marca diferencias con la situación argentina y alimenta las dudas del ruralismo local.

Mientras la iniciativa aguarda tratamiento legislativo, el clima político sigue tenso. La discusión revela, una vez más, el delicado equilibrio entre políticas ambientales y sostenibilidad productiva en un país donde el sector agropecuario cumple un rol central en la economía. Para muchos productores, la prioridad debería ser mejorar la eficiencia en los sistemas de manejo de residuos y fortalecer el diálogo antes de avanzar con nuevos tributos.

Lo cierto es que la propuesta de gravar el metano del ganado abrió un debate que cruza ambiente, economía y política, y cuyo desenlace podría marcar el rumbo de futuras regulaciones ambientales en la Argentina.