Las investigaciones judiciales sobre la compra de dólar oficial y su presunto “rulo” con venta en el mercado paralelo entre 2022 y 2023 ya tuvieron un primer correlato puertas adentro del Banco Central (BCRA).
La entidad que preside Santiago Bausili abrió un procedimiento interno para determinar si existieron incumplimientos al Código de Ética por parte de los cinco funcionarios involucrados en la causa que tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, según confirmaron a Ámbito fuentes cercanas al organismo monetario.
La decisión se adoptó a partir de audios que trascendieron en las últimas horas y que forman parte de la causa judicial CFP 2868/2025, en los que se atribuye la presunta participación de una funcionaria del Banco Central. Según fuentes cercanas a la entidad, la investigación administrativa también apunta a establecer si los involucrados incurrieron en violaciones a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
La investigación interna apunta a determinar si cinco funcionarios del organismo incurrieron en faltas éticas, a partir de audios incorporados a una causa que investiga presuntas maniobras con el dólar entre 2022 y 2023.
Presunto rulo con el dólar: funcionarios bajo la lupa
En el marco de esta misma causa, el 29 de diciembre la Justicia ordenó allanamientos en los domicilios de cinco empleados del BCRA y requirió a la entidad una orden de presentación. Los funcionarios del Banco Central involucrados se desempeñan en el área de Supervisión de Entidades Financieras. Se trata de Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefes de Supervisión; y Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de Supervisión.
En uno de los audios incorporados como prueba, se escucha una conversación entre Francisco Hauque y Elías Piccirillo en la que se hace referencia directa a funcionarios del Banco Central. “Escuchá, tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente, meterlo a Jaime en un expediente, meter al boludo (no se escucha), tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina, una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados...”, le habría dicho Hauque a Piccirillo, según consta en el material aportado a la causa.
Estos audios forman parte de una serie de grabaciones que se encuentran en poder de la Justicia. En ese material, según pudo reconstruirse a partir del expediente, se menciona que Romina García, una de las funcionarias del BCRA investigadas, le habría comentado a Piccirillo que en la maniobra bajo análisis supuestamente había “gente de arriba entongada”, expresión que habría quedado registrada en una de las conversaciones.
La causa judicial tendría como uno de sus principales respaldos los sumarios instruidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, iniciados durante la gestión de las autoridades que asumieron en diciembre de 2023, a partir de presuntas irregularidades detectadas en operaciones vinculadas al mercado cambiario.
Fuentes con conocimiento del caso explicaron que el BCRA solicitó en dos oportunidades acceso al expediente CFP 2868/2025, sin haberlo obtenido hasta el momento. El primer pedido fue realizado el 27 de noviembre de 2025 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, mientras que el segundo se efectuó durante la feria judicial, el 2 de enero de 2026, luego de los allanamientos. Ante la falta de vista del expediente, la entidad señaló que aún no cuenta con precisiones sobre los hechos concretos que se investigan ni sobre la existencia de elementos probatorios que puedan derivar en imputaciones formales.
Al momento de los allanamientos, el juzgado dispuso la suspensión del acceso de los empleados involucrados a los sistemas internos del Banco Central, mediante el bloqueo de sus claves personales, medida que posteriormente fue revertida por la Justicia en los primeros días de enero, según supo Ámbito.
Desde el organismo destacaron que se dio cumplimiento a todos los requerimientos judiciales y que el Banco Central continuará colaborando con la investigación. En ese sentido, subrayaron que la causa penal es una derivación directa de los reportes que el propio BCRA elevó a la Unidad de Información Financiera (UIF) por presuntas irregularidades e ilícitos en materia cambiaria y de prevención de lavado detectados durante 2022 y 2023.
Además, las mismas fuentes informaron que el 23 de diciembre el BCRA solicitó vista en otra causa penal que tramita ante el juzgado federal a cargo de la jueza María Servini, sin haber obtenido aún acceso al expediente correspondiente.
