El caso por la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024, entra en una instancia determinante con el inicio del juicio oral y público previsto para el próximo 27 de febrero. La Fiscalía Federal elevó una lista de aproximadamente 800 testigos que serán convocados a declarar ante el Tribunal Federal de Corrientes, en una estrategia que apunta a reconstruir cada tramo de lo ocurrido y despejar las zonas más oscuras de una causa que mantiene en vilo al país.
El volumen de testimonios marca la dimensión de una investigación extensa y compleja, atravesada por contradicciones, maniobras de encubrimiento y responsabilidades aún discutidas. Desde el Ministerio Público confían en que la acumulación de pruebas, sumada a la exposición directa de los imputados durante el debate oral, permita quebrar el silencio que se sostuvo durante meses y avanzar hacia una verdad judicial.
Siete personas llegan al juicio como principales acusados. Entre ellos figuran María Victoria Caillava y Carlos Pérez, señalados por la Fiscalía como los presuntos organizadores de la sustracción del niño. También será juzgada Laudelina Peña, tía de Loan, cuya conducta posterior a la desaparición despertó fuertes sospechas, además del comisario Walter Maciel, imputado por su rol en las primeras horas de la investigación. El resto de los acusados completa un entramado que, según los fiscales, fue clave para garantizar que el hecho no saliera a la luz.
Las imputaciones incluyen delitos de extrema gravedad como secuestro y encubrimiento agravado, con penas que van de los cinco a los quince años de prisión, dependiendo del grado de participación que se logre probar en el juicio. Para la Fiscalía, la desaparición de Loan no fue un hecho improvisado sino una acción planificada, ejecutada en un entorno rural elegido por la ausencia de cámaras de seguridad y la escasa posibilidad de testigos circunstanciales.
Durante la etapa de instrucción, los investigadores reunieron peritajes, declaraciones, cruces telefónicos y reconstrucciones que ahora serán expuestos en audiencias públicas. El fiscal federal Carlos Schaefer sostuvo que el caso cuenta con una base probatoria sólida y que el debate permitirá ordenar una causa que, por su impacto social y mediático, estuvo rodeada de versiones cruzadas y falsas pistas.
Además de los imputados principales, otras diez personas enfrentarán cargos por entorpecer la investigación. Las acusaciones van desde la manipulación de pruebas hasta la defraudación a la administración pública, conductas que, según la Fiscalía, desviaron recursos y tiempo clave durante los primeros días posteriores a la desaparición. Estas acciones, lejos de ser marginales, forman parte del cuadro general que intentará demostrar el Ministerio Público.
Uno de los puntos centrales del juicio será el contacto directo entre los acusados y los familiares de Loan. Para la Fiscalía, ese cara a cara puede resultar determinante, no solo en términos simbólicos, sino también como un factor de presión emocional que lleve a alguno de los imputados a brindar información relevante. La expectativa está puesta en que el desarrollo de las audiencias permita destrabar lo que hasta ahora se mantuvo oculto.
En paralelo al avance judicial, el Estado nacional mantiene activa una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte datos concretos que permitan dar con el paradero del niño. La medida, enmarcada en el Programa Nacional de Recompensas, busca incentivar la colaboración ciudadana y mantener vigente una búsqueda que, pese al paso del tiempo, no fue cerrada.
El juicio por el caso Loan no solo pondrá bajo la lupa las responsabilidades individuales, sino también el funcionamiento de los mecanismos institucionales que intervinieron desde el primer momento. En ese sentido, el debate promete ir más allá del hecho puntual y abrir interrogantes sobre los errores, omisiones y decisiones que marcaron una de las causas más sensibles del último año.
Con el inicio del proceso oral, la causa entra en una fase donde ya no habrá lugar para versiones informales ni especulaciones. Cada testimonio, cada prueba y cada silencio quedarán registrados en el expediente judicial. Para la familia de Loan, y para una sociedad que sigue esperando respuestas, el juicio representa una oportunidad decisiva para acercarse a la verdad.
