La Justicia federal de La Plata procesó a Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., por la adulteración de fentanilo que provocó la muerte de al menos 20 personas en distintos puntos del país, incluyendo Salta. Además, la causa implicó un embargo millonario por un billón de pesos.
Un informe del Instituto Malbrán detectó serias fallas en la producción de los lotes contaminados, como la reutilización de ampollas rechazadas y problemas en el sellado que comprometieron la esterilidad del medicamento. En esas ampollas se encontraron bacterias altamente peligrosas, como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae multirresistente, responsables de infecciones graves en pacientes.
El fentanilo adulterado se distribuyó en hospitales y centros de salud de varias provincias, con repercusiones en Salta, donde se suman las preocupaciones sobre la seguridad y calidad de los medicamentos que se utilizan cotidianamente.
Furfaro, que además enfrenta otra investigación por contrabando agravado, fue imputado bajo el artículo 201 bis del Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta 25 años de prisión. Este caso marca un precedente grave para la industria farmacéutica argentina y llama a reforzar los controles sanitarios en todo el país.
