El Gobierno prepara la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) que se encargue de los delitos complejos dentro del país. Forma parte de la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) que realizará el Ejecutivo en el corto plazo. Nación ya cuenta con un borrador final del decreto, pero evita dar precisiones sobre la fecha de publicación en el Boletín Oficial. “Hace rato que está listo”, expresan en el oficialismo.
La reestructuración de la PFA está basada en una mezcla entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y en la Policía Federal de Brasil. El documento modifica la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965) y establece que la función de la fuerza será “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, y colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.
La Casa Rosada planea crear un nuevo programa de ingreso a la fuerza -que cuente con la formación de universitarios ya graduados- y apunta a establecer un nuevo esquema presupuestario para la reestructuración del cuerpo policial. Es por eso que evalúan declarar en situación de emergencia a la PFA por el plazo de dos años para que las autoridades puedan optar por un sistema de contratación directa (decreto 1023/01).
Preparan además modificaciones en el régimen de carrera policial para que suboficiales con formación y experiencia puedan acceder al escalafón de oficiales sin realizar el proceso tradicional. Quieren implementar también un nuevo sistema de seguimiento y evaluación de desempeño de los agentes, que cuente con un sistema de información que lo respalde.
El Gobierno busca que la fuerza también realice tareas de prevención de delitos en espacios públicos digitales -como las redes sociales- sin necesidad de una autoridad judicial. Apunta además a establecer un esquema en el que sus integrantes puedan detener personas sin una orden de un juez en casos en los que tengan indicios de que hayan cometido un delito. “El plazo de demora no puede exceder las diez horas”, expresa el borrador del documento.
El Ejecutivo quiere que el cuerpo policial realice requisas personales en los mismos términos sobre el interior de vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier tipo mientras la inteligencia criminal tenga la presunción de que se trate de casos de riesgo y de que se intente ocultar artefactos relacionados con un delito.
El Ministerio de Seguridad planea mantener la jefatura y la subjefatura de la PFA, que hoy ocupan los comisarios generales Luis Alejandro Rolle y Mariano José Giuffra. Busca que el órgano mayor de la fuerza se encargue de la cooperación internacional, del planeamiento y de la evaluación de las investigaciones y de los “asuntos internos”, como quejas hacia los superiores por órdenes y contraórdenes.
En Balcarce 50 apuntan a que el DFI asuma por completo la investigación criminal a través de superintendencias -con puestos regionales- que se distribuyan la investigación federal sobre el narcotráfico, la seguridad del Estado, los operativos policiales y la protección de riesgos. Trabajan para elevar un 10% anual la cantidad de efectivos de las fuerzas de la PFA en el interior durante los próximos cuatro años.
El 70% de los agentes están actualmente ubicados entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y el 30% restante, en Unidades Operativas Federales en las otras provincias. Buscan llegar a una distribución del 60/40% en 2025 y del 50/50% en 2026. Tiene 21 delegaciones en Buenos Aires, 3 en Santa Fe, 3 en Córdoba, 2 en Mendoza, entre otras.
La PFA abarca actualmente diez superintendencias: Investigaciones Federales, Desarrollo Profesional, Bienestar, Drogas Peligrosas, Administración, Bomberos, Intervención Federal, Seguridad y Custodia, Agencias Federales, Tecnología y Transporte. Cuenta con seis direcciones generales: Aviación Federal, Cooperación Policial Internacional, Inteligencia Criminal, Planeamiento y Desarrollo Estratégico, Asuntos Jurídicos y Secretaría General.
El Gobierno también trabaja en la creación de un Departamento Federal de Coordinación (DFC), que se encargue de las áreas técnico-administrativas del área como Recursos Humanos y Comunicaciones. Buscará profundizar el trabajo conjunto con las fuerzas provinciales, el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera y otros organismos nacionales con la intención de compartir inteligencia criminal sobre los delitos de su competencia.
El Ejecutivo prepara además un sistema de supervisión sobre las Agencias Federales de Investigación, que trabajarán en la investigación de delitos federales relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Cada unidad contará también con un equipo encargado de la protección de objetivos estratégicos del Estado y con grupos de apoyo sobre investigación forense y pericial.
