El avance del juicio por el expediente conocido como “Camarita” volvió a poner en primer plano uno de los capítulos más extensos y sensibles de las investigaciones vinculadas a la obra pública. Durante la reciente audiencia virtual, los jueces escucharon la lectura de declaraciones claves que describen cómo habría operado el sistema de cartelización vial y el circuito de recaudación ilegal que, según los colaboradores arrepentidos, superó los 30 millones de dólares a lo largo de varios años.
La jornada estuvo centrada en los testimonios del empresario Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y del financista Ernesto Clarens, quienes detallaron la mecánica mediante la cual un grupo de empresas acordaba entre sí las adjudicaciones de obras viales. La estructura —denominada “Camarita”— funcionaba como una organización interna que, según relataron, distribuía contratos, fijaba retornos y aseguraba el pago de sobornos a funcionarios nacionales.
Uno de los datos más relevantes reiterados en esta audiencia fue la existencia de 191 hechos de cohecho pasivo atribuidos a Cristina Fernández de Kirchner. Esos mismos hechos alcanzan también a Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López. Los tres aparecen mencionados en la acusación como coautores en la recepción de fondos ilegales que ingresaban mediante la intermediación de Clarens, según el relato de los imputados colaboradores.
El juicio, que seguirá su trámite hasta el 18 de diciembre, comprende a 86 imputados entre empresarios y exfuncionarios. La causa madre contiene 51 acusados y es una de las investigaciones más amplias vinculadas a la obra pública en las últimas décadas. El expediente comenzó como una derivación de la causa de los cuadernos en agosto de 2018, cuando los investigadores detectaron que el presunto mecanismo ilícito operaba no solo en obras viales, sino también en proyectos civiles, de energía y transporte.
Durante la lectura incorporada al debate, Wagner describió cómo se manipulaban las licitaciones. Según su testimonio, cada vez que se abría un pliego, las empresas involucradas se reunían para acordar de antemano quién se quedaría con la obra. Esa decisión previa anulaba cualquier competencia real y permitía que una firma obtuviera la adjudicación incluso si no cumplía íntegramente los requisitos técnicos o administrativos. La selección directa, relató, se convertía en una rutina que dejaba de lado los controles habituales.
Además del reparto de licitaciones, Wagner detalló el sistema de retornos. Explicó que, cuando las obras contaban con anticipo financiero del Estado, el adelanto solía ser del 10% del total del contrato. Sobre esa porción se pactaba un retorno aproximado del 5%. Si la obra no tenía anticipo, el porcentaje bajaba al 3% y se pagaba contra certificados de avance. Este 3% —según indicó— surgía de un acuerdo establecido con Clarens, quien se encargaba de recibir el dinero y distribuirlo entre los funcionarios.
El circuito financiero, según se leyó en la audiencia, tenía una dinámica constante. Las empresas entregaban el dinero a Clarens, quien lo cambiaba a dólares y lo organizaba en pagos semanales. En su declaración, el propio financista explicó que las entregas rondaban los 300.000 dólares por vez y que se registraban siguiendo un listado mensual donde figuraban obras, presupuestos, montos ofertados, empresas adjudicatarias y porcentajes de sobreprecio. También existía un ranking interno que ordenaba la participación de las firmas cartelizadas.
Una vez reunidos los fondos, Clarens los entregaba a López, quien —de acuerdo con el relato de Wagner— tenía la función de asegurar que las empresas aparecieran en los listados de pago mensual de Vialidad. Quedar dentro o fuera de esos listados podía definir la continuidad económica de una obra, por lo que el pago de retornos se convertía en un mecanismo determinante para los empresarios involucrados.
La audiencia también detalló la diferencia entre los cohechos activos —los pagos realizados por los empresarios— y los cohechos pasivos —las coimas recibidas por los funcionarios—. En numerosos tramos del expediente se repite la dinámica en la que los pagos salían de distintas firmas de la construcción vial, llegaban a Clarens, eran cambiados a moneda extranjera y luego se distribuían hacia los funcionarios señalados por la acusación.
Para los fiscales, el objetivo del sistema de sobornos era influir en decisiones del Estado vinculadas a la obra pública: desde acelerar pagos hasta asegurar adjudicaciones o sostener proyectos con sobreprecios. En esencia, un mecanismo capaz de alterar la competencia entre empresas y de afectar el uso de fondos públicos durante más de una década.
La causa “Camarita” se ha convertido en un punto central dentro del mapa judicial argentino. Sus audiencias han reconstruido un entramado que, según los arrepentidos, funcionaba de manera aceitada y con beneficios tanto para empresarios como para funcionarios. La descripción de este circuito revela cómo se habrían gestionado millones de dólares destinados originalmente a obras estratégicas en diferentes regiones del país.
Ahora, con el juicio en marcha y las audiencias avanzando hacia su etapa final, las miradas se concentran en lo que resolverá el tribunal. La gran cantidad de imputaciones por cohecho atribuidas a Cristina Fernández, De Vido y López convierte este proceso en uno de los momentos judiciales más relevantes del año. A medida que se acerque el cierre del debate, el caso seguirá generando repercusiones políticas, jurídicas y sociales, en un contexto donde la transparencia de la obra pública vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
Lo que determine este juicio no solo afectará a quienes están acusados, sino que también servirá para evaluar los sistemas de control del Estado y la manera en que se diseñan y fiscalizan las licitaciones. Con cada audiencia, la causa suma detalles que permiten entender cómo funcionaba la presunta red de sobornos y qué impacto tuvo en la administración pública. El veredicto, cuando llegue, buscará resolver si existió efectivamente una estructura sistemática de recaudación ilegal que operó durante años bajo el nombre de “Camarita”.
