La diputada nacional Lilia Lemoine sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Justicia rechazara los recursos presentados por su defensa para frenar la causa en la que se investigan presuntos agravios contra Ian Moche, el adolescente con trastorno del espectro autista (TEA), y su madre. La resolución permite que el expediente continúe avanzando y deja abierta la posibilidad de una próxima citación para que la legisladora brinde declaración.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Rodolfo Ariza Clerici, quien desestimó los cuestionamientos formulados por la defensa de la dirigente de La Libertad Avanza. Con ese pronunciamiento, la investigación vuelve a la órbita de la fiscalía, que deberá definir los pasos procesales a seguir y fijar una nueva fecha para la comparecencia de la diputada.
La causa se inició a raíz de declaraciones públicas realizadas por Lemoine en medios de comunicación y redes sociales, donde lanzó acusaciones contra la madre de Ian Moche. Esas expresiones derivaron en una denuncia que dio origen al expediente judicial y motivó la intervención de distintos organismos vinculados a la protección de los derechos de niños y adolescentes.
Durante su presentación ante la Justicia, la defensa de la legisladora cuestionó distintos aspectos del proceso. Uno de los principales argumentos estuvo relacionado con la difusión pública de la citación judicial, al considerar que la repercusión mediática generó un perjuicio para la imagen de la diputada antes de que existiera una resolución definitiva.
Además, planteó objeciones sobre la conformación de la querella, al sostener que la participación de un menor de edad requería la intervención de ambos progenitores. También cuestionó decisiones adoptadas durante la etapa de investigación y reclamó la incorporación de medidas de prueba vinculadas al entorno familiar del adolescente.
Sin embargo, esos planteos fueron rechazados. La querella sostuvo que la actuación judicial cumplió con todos los requisitos legales y defendió la legitimidad de la presentación realizada en representación de Ian Moche. Asimismo, remarcó que la legislación vigente reconoce a los adolescentes capacidad progresiva para intervenir en procesos que involucren sus derechos, con el debido acompañamiento legal.
La postura de la defensa tampoco encontró respaldo en los organismos encargados de velar por los intereses de niños, niñas y adolescentes. Desde el ámbito tutelar se advirtió que una eventual suspensión o demora del trámite podía afectar la protección integral del menor involucrado y dilatar innecesariamente el avance de la causa.
Por su parte, la fiscalía rechazó las acusaciones relacionadas con una supuesta filtración de información y defendió la validez de las actuaciones realizadas. También recordó que la declaración de una persona imputada forma parte de las garantías previstas por el sistema judicial y constituye una instancia fundamental para ejercer el derecho de defensa.
Con el rechazo de los recursos, el expediente quedó nuevamente encaminado y avanzará hacia una nueva etapa procesal. La fiscalía deberá reprogramar la audiencia en la que Lemoine podrá presentar formalmente su descargo y responder sobre los hechos que se investigan.
El caso tuvo amplia repercusión pública debido a la exposición de sus protagonistas y al debate generado en torno al tratamiento de la discapacidad, la responsabilidad de los dirigentes políticos en el uso de las redes sociales y los límites de la expresión pública. En ese contexto, la decisión judicial representa un respaldo a la continuidad de la investigación y marca un punto de inflexión en una causa que sigue sumando capítulos.
Mientras se aguardan las próximas definiciones, la resolución del juez dejó sin efecto los intentos de frenar el expediente y confirmó que la investigación continuará su curso en la justicia porteña.
