La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA dispuso la exoneración definitiva de Ricardo Echegaray de la administración pública nacional, luego de que quedara firme la inhabilitación especial perpetua dictada en sede judicial. La medida implica el cierre total de su carrera en el Estado y se ejecuta de manera inmediata, sin instancias administrativas pendientes.
La decisión se formalizó tras la confirmación del avance de la causa por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculada al caso Oil Combustibles, uno de los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años en materia de evasión fiscal y manejo irregular de fondos públicos. Con el fallo firme, el organismo aplicó el régimen disciplinario vigente que obliga a disponer la baja automática ante condenas con inhabilitación perpetua.
El proceso judicial tuvo como base la actuación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3, que lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y le impuso una pena de cuatro años y ocho meses de prisión. Posteriormente, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible la última vía de apelación, lo que dejó el fallo sin alternativas de revisión ordinaria.
En paralelo, la Agencia confirmó que la ejecución de la sanción se ajusta al Régimen Disciplinario Unificado, que establece la exoneración automática cuando existe una condena penal firme con inhabilitación absoluta o perpetua para ejercer cargos públicos. Desde el organismo se remarcó que no se trata de una revisión interna ni de un nuevo sumario, sino del cumplimiento estricto de una resolución judicial con fuerza ejecutoria.
La investigación que derivó en la condena se originó en el funcionamiento de la empresa Oil Combustibles, vinculada al grupo Indalo, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la causa, la compañía retenía de manera sistemática el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que debía ser girado al Estado, utilizando esos fondos para financiar su expansión empresarial en lugar de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Durante el período investigado, Echegaray había estado al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP, tras haber ocupado previamente cargos de relevancia en organismos como la Aduana y la ONCCA. Su rol en la gestión tributaria fue parte central del expediente judicial, que analizó la concesión de planes de pago considerados irregulares que habrían permitido sostener la maniobra de evasión durante varios años.
Con la confirmación de la inhabilitación y la ejecución administrativa de la exoneración, el caso queda cerrado en el plano del empleo público, consolidando la decisión judicial como definitiva. El expediente también fue remitido a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que interviene en el seguimiento de casos vinculados a posibles irregularidades dentro del Estado.
La medida marca el desenlace administrativo de un proceso que tuvo fuerte impacto en la estructura fiscal argentina y que ahora queda sellado con la salida definitiva de uno de los ex funcionarios de mayor peso en la política tributaria de los últimos años.
