El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió a los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca en un encuentro clave para el futuro inmediato de la relación entre la Nación y las provincias. La reunión, atravesada por el debate sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, dejó en claro un respaldo político condicionado: acompañamiento en el Congreso, pero con límites marcados cuando se trata de los recursos provinciales y, en particular, del Impuesto a las Ganancias.
Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil llegaron con una postura común. Si bien ratificaron su voluntad de contribuir a la gobernabilidad y avanzar con cambios que consideran necesarios para la economía argentina, advirtieron que no están dispuestos a seguir absorbiendo el costo fiscal de decisiones que afectan directamente a las provincias. El eje del planteo fue la reducción de Ganancias para empresas, un tributo coparticipable cuya caída impacta de lleno en las arcas provinciales.
Durante el encuentro con Santilli, los mandatarios expresaron su preocupación por un escenario que ya viene siendo complejo. La baja del consumo, la caída en la recaudación del IVA y el freno de la actividad económica forman parte de un contexto que presiona cada vez más sobre los presupuestos provinciales. En ese marco, cualquier modificación en Ganancias sin un esquema de compensación aparece como un golpe adicional difícil de absorber.
Desde la mirada de los gobernadores, el reclamo no apunta a frenar la reforma laboral, sino a discutir sus consecuencias fiscales. Sáenz fue uno de los más claros al plantear el problema: la modernización del mercado de trabajo es una discusión necesaria, pero no puede hacerse a costa de debilitar la capacidad financiera de las provincias. En el caso de Salta, el impacto proyectado de los cambios en Ganancias ronda cifras que comprometen seriamente la planificación del próximo año.
El gobernador salteño remarcó que la recaudación provincial ya muestra signos de deterioro y que la combinación de menos consumo y menor actividad limita el margen de maniobra. En ese escenario, resignar fondos coparticipables implica poner en riesgo políticas públicas básicas, desde obras de infraestructura hasta servicios esenciales. Por eso, el planteo ante Santilli fue directo: si hay una agenda nacional de reformas, también debe haber una agenda federal que contemple las realidades del interior.
Jaldo y Jalil compartieron esa preocupación y coincidieron en la necesidad de establecer algún mecanismo de compensación que amortigüe la caída de ingresos. Los tres gobernadores dejaron en claro que el acompañamiento legislativo no será automático ni a “libro cerrado”. La señal fue clara: los diputados y senadores que responden a las provincias van a analizar el contenido de la reforma y exigir correcciones si consideran que afecta los intereses locales.
El encuentro se dio en un momento sensible para el Gobierno nacional, que busca sumar apoyos para avanzar con su paquete de reformas en el Congreso. En ese tablero, los gobernadores dialoguistas ocupan un lugar clave. Son quienes, hasta ahora, mostraron mayor disposición al diálogo y al consenso, pero también quienes empiezan a marcar límites frente a decisiones que consideran desequilibradas.
En el caso de Salta, el reclamo se inscribe en una estrategia más amplia de defensa del federalismo fiscal. Sáenz viene insistiendo en que las provincias no pueden ser la variable de ajuste permanente y que cualquier rediseño del sistema impositivo debe contemplar el impacto real en los territorios. La advertencia no es menor: menos recursos significan menos capacidad de respuesta ante demandas sociales crecientes, en un contexto económico todavía inestable.
La reunión con Santilli también dejó abierta la puerta a nuevas instancias de negociación. Los gobernadores esperan que el planteo sea retomado en la mesa política del Gobierno y que se evalúen alternativas para compensar la pérdida de recaudación. Entre las opciones que se barajan aparecen mecanismos transitorios de asistencia o ajustes en otros instrumentos fiscales que permitan equilibrar la balanza.
Más allá de los detalles técnicos, el mensaje político fue contundente. Las provincias del Norte, históricamente relegadas en el reparto de recursos, buscan hacerse escuchar en un debate que consideran central para su futuro. El respaldo a la reforma laboral no es un cheque en blanco, sino parte de una negociación en la que el federalismo vuelve a ocupar un lugar central.
Santilli, por su parte, tomó nota del reclamo y se comprometió a trasladarlo al resto del equipo de gobierno. El desafío para la Casa Rosada será encontrar un punto de equilibrio entre su agenda de reformas y la necesidad de sostener el funcionamiento de las provincias, en un país donde la coparticipación sigue siendo un eje sensible.
Mientras tanto, el debate avanza y las definiciones se acercan. En el Congreso, la reforma laboral será el próximo gran test político. Y en ese escenario, la postura de gobernadores como Sáenz será determinante. Acompañar, sí, pero no a cualquier costo. El reclamo por Ganancias dejó en claro que las provincias están dispuestas a dialogar, pero también a defender con firmeza los recursos que sostienen su gestión.
