El ingreso de una beba de un año a un hospital pediátrico con síntomas de intoxicación encendió las alertas sanitarias y sociales. La menor fue internada luego de haber ingerido cocaína de forma accidental, una situación que obligó a activar los protocolos médicos y de protección de derechos previstos para estos casos.
La beba fue trasladada de urgencia al centro de salud por su madre, de 18 años, y su abuela materna, luego de que notaran un cambio repentino en su comportamiento. Según el parte médico, la niña presentaba un cuadro de irritabilidad marcada y malestar general, lo que motivó la inmediata intervención del personal de guardia.
Al ingresar, los profesionales realizaron los estudios correspondientes para determinar el origen del cuadro clínico. El examen toxicológico de orina arrojó resultado positivo para cocaína, confirmando la intoxicación. Además, la paciente presentaba náuseas, un síntoma frecuente en este tipo de episodios, especialmente en menores de corta edad.
De acuerdo a la información médica, la sustancia habría sido ingerida de manera accidental dentro del ámbito familiar. En el lugar donde se encontraba la beba se halló una bolsa plástica vacía y restos de una sustancia blanca, que pertenecería a un familiar adulto con antecedentes de consumo problemático. Esa situación está siendo analizada para determinar responsabilidades y esclarecer cómo la droga quedó al alcance de la menor.
Tras la confirmación del diagnóstico, el equipo de salud activó los protocolos establecidos para intoxicaciones con estupefacientes en niños y niñas. La beba quedó internada en observación, con controles clínicos permanentes, hidratación y seguimiento de sus signos vitales, dada la gravedad potencial que puede tener la exposición a este tipo de sustancias en edades tan tempranas.
Afortunadamente, la evolución fue favorable. Con el correr de las horas, la menor respondió bien al tratamiento y no presentó complicaciones asociadas. Luego de constatar que se encontraba en buen estado general y estable desde el punto de vista clínico, los médicos resolvieron otorgarle el alta médica.
Más allá de la atención sanitaria, el caso activó los mecanismos de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se dio intervención a los organismos correspondientes para evaluar el contexto familiar y garantizar condiciones seguras para la menor, en línea con la normativa vigente a nivel nacional.
Mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas de la intoxicación, se resolvió que la beba quedara provisoriamente bajo el cuidado de su abuela materna. Las actuaciones buscan establecer si hubo negligencia, descuido o una situación de riesgo reiterada, además de prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Este tipo de episodios vuelve a poner en foco una problemática compleja y sensible: el impacto del consumo de drogas en el entorno familiar y, especialmente, en los sectores más vulnerables. La presencia de estupefacientes en espacios donde viven niños pequeños representa un riesgo extremo, ya que su curiosidad natural y la falta de noción del peligro pueden derivar en consecuencias graves o incluso fatales.
Desde el ámbito sanitario se remarca la importancia de la prevención y del acompañamiento a las familias atravesadas por consumos problemáticos. La detección temprana, el acceso a tratamientos y la articulación con áreas sociales son claves para evitar situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de los más chicos.
El caso, que generó conmoción, se mantiene bajo seguimiento de las autoridades competentes. Mientras tanto, la evolución favorable de la beba trajo alivio, aunque también dejó expuesta una realidad que interpela tanto al sistema de salud como al entramado social en su conjunto.
