Una investigación judicial por presuntas irregularidades en contrataciones públicas derivó en una causa de alto impacto que involucra a ex directivos de una empresa estatal y a una firma privada del sector logístico. El expediente avanza con detenidos, allanamientos y el análisis de mensajes que exponen cómo se habrían estructurado maniobras para inflar contratos y simular servicios.
En el centro de la causa aparece un esquema que, según la pesquisa, combinaba licitaciones direccionadas, prestaciones inexistentes y retornos en distintas formas. Las conversaciones incorporadas a la investigación describen negociaciones donde se habrían definido aumentos artificiales de costos, incorporación de servicios que no se realizaban y presiones internas para convalidar pliegos ya armados.
El avance judicial se aceleró tras una serie de procedimientos que derivaron en la detención de un ex directivo de la empresa estatal. En los allanamientos se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo en distintas monedas, además de estupefacientes y elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias. Estos hallazgos reforzaron la hipótesis de un circuito económico paralelo al funcionamiento formal de las contrataciones.
La investigación también puso el foco en la operatoria logística. Un predio utilizado para el almacenamiento de insumos tecnológicos habría sido parte central de la maniobra. La empresa contratada para custodiar los bienes era, a su vez, la misma que facilitaba el inmueble. Allí se detectaron graves fallas de seguridad: sistemas inactivos, cámaras fuera de servicio y escaso personal de vigilancia, condiciones que habrían facilitado el robo de equipamiento valuado en cientos de miles de dólares.
Ese episodio fue el punto de partida que permitió abrir una revisión más amplia sobre las contrataciones. A partir de peritajes telefónicos, los investigadores detectaron intercambios de mensajes donde se mencionan ajustes de contratos, incorporación de ítems adicionales y coordinación de facturación con costos incrementados. Para la fiscalía, esos chats constituyen uno de los elementos centrales del expediente.
Otro de los ejes de la causa es la forma en que se habría simulado competencia entre empresas. En una licitación analizada, se presentaron ofertas en un lapso muy breve de tiempo, lo que despertó sospechas sobre su autenticidad. La hipótesis judicial sostiene que algunas de esas propuestas habrían sido armadas para dar apariencia de transparencia en un proceso que ya estaba definido de antemano.
Según la reconstrucción del expediente, el mecanismo incluía además la contratación de servicios que no se prestaban o se ejecutaban de manera parcial, lo que permitía inflar los montos finales abonados por el Estado. A esto se sumarían beneficios adicionales como financiamiento de viajes y otros gastos personales vinculados a funcionarios y privados involucrados.
La investigación también analiza la trazabilidad de los pagos y los vínculos entre empresas satélites que habrían intervenido en la operatoria. Los peritos trabajan sobre documentación contable, movimientos bancarios y dispositivos electrónicos secuestrados en los operativos recientes.
En paralelo, la Justicia mantiene bajo análisis a varios exfuncionarios y empresarios señalados como parte de una estructura coordinada. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, con secreto de sumario parcial, mientras se amplía el análisis de la información secuestrada.
El expediente se perfila como una investigación compleja que combina contrataciones públicas, manejo de fondos estatales y presuntas maniobras de simulación de servicios, con ramificaciones que todavía están en pleno desarrollo.
