El Gobierno nacional avanzó con un nuevo proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones por invalidez, tras el veto presidencial y la ratificación legislativa de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, denominada Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, apunta a rediseñar el esquema de pensiones no contributivas, con foco en el control, la fiscalización y la sostenibilidad del gasto público.
Impulsado por la Secretaría de Discapacidad, el texto ingresó al Senado y propone un cambio estructural del régimen vigente, en respuesta al crecimiento sostenido del padrón de beneficiarios en las últimas dos décadas. La estrategia oficial se apoya en un endurecimiento de los mecanismos de control estatal y en la revisión integral de los criterios de acceso y permanencia.
Nueva Ley de Discapacidad: los cambios que propone el Gobierno
Reempadronamiento obligatorio y plazos estrictos
El proyecto establece que todos los beneficiarios deben reinscribirse en un proceso obligatorio de actualización de datos personales, socioeconómicos y médicos. El plazo será de 90 días, con una posible extensión de 30 días. Quienes no cumplan con este requisito quedan automáticamente suspendidos del sistema, sin instancia previa de revisión.
Auditorías masivas y cruce de datos en tiempo real
La iniciativa incorpora controles sistemáticos mediante el entrecruzamiento de información entre organismos como Anses, ARCA y el SINTyS. Este esquema habilita auditorías periódicas que permitirán detectar inconsistencias documentales o patrimoniales. Ante cualquier irregularidad, la autoridad de aplicación puede disponer suspensiones preventivas de manera inmediata.
Incompatibilidad total con empleo formal
Uno de los puntos más controversiales es la eliminación de la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. A diferencia del régimen anterior, que permitía ingresos dentro de ciertos límites, el nuevo esquema establece que cualquier vínculo laboral formal implica la baja automática del beneficio.
La iniciativa fue propuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad, ex ANDIS
Unificación del monto y eliminación de adicionales
El texto mantiene el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina los pluses por zona geográfica desfavorable y por distintos grados de invalidez. La medida busca estandarizar los pagos y evitar diferencias territoriales en la asignación de recursos.
Cambios en el financiamiento de prestaciones
El proyecto modifica el esquema de actualización de aranceles médicos. Se elimina la obligación de ajustarlos según la movilidad jubilatoria y se otorga al Ministerio de Salud mayor discrecionalidad para asignar partidas de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
Nuevo criterio sobre calidad prestacional
Desde la Secretaría de Discapacidad sostienen que la cobertura debe garantizar un piso mínimo de calidad, pero sin replicar valores homogéneos en todo el país. La propuesta apunta a adaptar las prestaciones a las particularidades de cada jurisdicción.
Reforma paralela de la Ley de Salud Mental
La iniciativa fue acompañada por cambios en la normativa de salud mental, orientados a ampliar las facultades de intervención estatal en prevención y rehabilitación, en línea con el nuevo enfoque del Ejecutivo.
