La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, abrió un nuevo frente judicial y político tras presentar denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py contra el exministro de Defensa Luis Petri y contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. La acusación incluye cargos por calumnias, injurias, amenazas contra el orden público y la figura penal de coerción ideológica, un delito contemplado en el artículo 213 bis del Código Penal que prevé penas de hasta ocho años de prisión.
La decisión generó una inmediata repercusión en el ámbito político y mediático. Los denunciados no tardaron en reaccionar y eligieron un tono crítico e irónico para responder a la vicepresidenta, en un episodio que vuelve a exponer tensiones dentro del espacio político que gobierna el país.
La presentación judicial sorprendió por su alcance. Villarruel no solo apuntó contra un dirigente político que supo tener peso dentro del gabinete nacional, sino también contra dos figuras centrales del periodismo televisivo y radial. Según el planteo judicial, las declaraciones públicas de los denunciados habrían superado los límites de la crítica política y mediática.
Desde el entorno de la vicepresidenta sostienen que las expresiones realizadas en distintos programas y espacios mediáticos configuraron ataques que dañaron su honor y su imagen pública, además de incluir acusaciones graves que, a su entender, deben ser evaluadas por la Justicia.
La respuesta de Luis Petri llegó rápidamente. El exministro y actual dirigente alineado con el presidente Javier Milei desestimó la denuncia y cuestionó el objetivo de la iniciativa judicial. En sus declaraciones públicas sostuvo que la presentación responde más a una estrategia de visibilidad política que a un reclamo jurídico con sustento.
Según expresó, su prioridad es que la gestión nacional tenga éxito y que el gobierno pueda avanzar con su agenda. En ese contexto, consideró llamativo que se impulsen denuncias judiciales por declaraciones públicas en medio de la actual coyuntura política.
Petri también dejó entrever que la relación entre Villarruel y el presidente atraviesa un momento de distancia política. En sus comentarios sostuvo que la vicepresidenta perdió la confianza del mandatario y que, en determinadas situaciones, habría adoptado posiciones que favorecieron a la oposición parlamentaria.
El cruce más reciente entre ambos se produjo luego de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, uno de los eventos políticos más relevantes del calendario institucional argentino. En esa instancia, Petri acusó a Villarruel de adoptar una postura que, según su interpretación, debilitaba al oficialismo.
La respuesta de la vicepresidenta no tardó en llegar. A través de sus redes sociales recordó problemas registrados en la obra social de las Fuerzas Armadas durante la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa. En ese contexto, habló de un supuesto vaciamiento del sistema y responsabilizó al exfuncionario por la situación.
La escalada continuó cuando Petri respondió calificando a Villarruel como “golpista”, una acusación que profundizó el conflicto político y elevó el tono de la discusión pública.
En paralelo, la denuncia contra los periodistas generó una fuerte reacción en el ámbito mediático. Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores del canal A24, respondieron con ironía a la decisión judicial de la vicepresidenta.
A través de su cuenta en la red social X, Feinmann escribió un breve mensaje cargado de sarcasmo en el que describió la denuncia como “una cucarda más en el pecho”. La frase rápidamente se viralizó y generó comentarios en distintos sectores del periodismo y la política.
Durante su programa televisivo, el periodista profundizó el tono irónico. Incluso apareció con un traje a rayas en referencia humorística a la posibilidad de enfrentar un proceso judicial, reforzando el tono de burla frente a la acusación.
Pablo Rossi, por su parte, también reaccionó en la misma línea. En el programa que comparten en A24 calificó la denuncia como una “torpeza mayúscula” y se sumó a las bromas sobre la posibilidad de que ambos terminen involucrados en un proceso judicial.
En uno de los momentos más comentados del programa, Feinmann ironizó sobre quién podría ir preso primero, mientras Rossi respondió con otra frase cargada de humor: dijo que siempre supo que iban a terminar juntos en alguna situación de ese tipo.
Detrás de las bromas mediáticas, la cuestión ya se trasladó al plano judicial. El abogado y periodista Gabriel Iezzi asumió la defensa de los conductores y se presentó en los tribunales federales para tomar conocimiento del expediente y comenzar a preparar la estrategia legal.
El conflicto también reaviva viejas tensiones dentro del oficialismo. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la relación entre Villarruel y algunos integrantes del gabinete mostró señales de fricción.
Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la conformación inicial del gobierno. En aquel momento, la vicepresidenta aspiraba a tener influencia directa en áreas sensibles como Seguridad y Defensa. Sin embargo, el presidente optó por designar a Patricia Bullrich en Seguridad y a Luis Petri en Defensa.
Esa decisión marcó el inicio de una relación política compleja. Con el paso de los meses, las diferencias se hicieron cada vez más visibles en distintos episodios de la agenda pública.
En ese contexto, la denuncia presentada por Villarruel aparece como un nuevo capítulo de una disputa que combina tensiones políticas, declaraciones mediáticas y ahora también un proceso judicial.
El caso podría extenderse durante meses, ya que la Justicia deberá analizar si las expresiones denunciadas encuadran en delitos previstos por el Código Penal o si se trata de opiniones protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
Mientras tanto, el episodio vuelve a poner en el centro de la escena las internas dentro del oficialismo y el vínculo entre figuras clave del espacio político que gobierna el país.
La vicepresidenta sostiene que las acusaciones en su contra excedieron el terreno de la crítica política y que deben ser respondidas en el ámbito judicial. Del otro lado, los denunciados insisten en que se trata de una maniobra sin fundamento legal y aseguran que continuarán defendiendo sus posiciones.
Con el expediente ya en marcha en Comodoro Py, el conflicto entre dirigentes políticos y periodistas suma un nuevo capítulo que mezcla política, medios y tribunales en una trama que promete seguir generando repercusiones.
