La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tomó una decisión que rompe con décadas de tradición parlamentaria: la reasignación de despachos de manera directa por la presidencia de la Cámara. La medida afectó especialmente al despacho 742, un amplio espacio que pertenecía al senador Sergio Leavy y que estaba siendo ocupado por la senadora Cristina López.
Hasta ahora, la costumbre indicaba que los senadores que dejaban sus oficinas podían cederlas a colegas de su bloque, en acuerdos internos. Sin embargo, la resolución 488/25 establece que todos los legisladores que concluyen su mandato deben devolver sus oficinas a la presidencia, que ahora decidirá la redistribución.
El despacho en cuestión es uno de los más codiciados: con recepción, sala de reuniones, cocina, baño, oficinas para secretarios y espacio para asesores, su tamaño y ubicación estratégica dentro del Palacio del Congreso lo convierten en un lugar clave para reuniones, negociaciones y coordinación legislativa.
El conflicto escaló cuando López comenzó a instalar sus pertenencias y a modificar la placa del despacho antes de la salida de Leavy, lo que fue considerado una violación a la tradición. La seguridad del Senado informó la situación a Villarruel, quien exigió la restitución del despacho y ofreció un espacio alternativo que la senadora rechazó. Incluso se recurrió a un cerrajero privado para intentar acceder al despacho, aumentando la tensión política.
La asignación de oficinas en el Senado tiene impacto más allá de lo simbólico. La cercanía al recinto, el tamaño de la oficina y su ubicación determinan la comodidad para el trabajo diario, la coordinación con asesores y la capacidad de recibir reuniones estratégicas. La intervención de la presidencia modifica esta dinámica y genera resistencia entre quienes consideran que los senadores son los dueños de sus espacios de trabajo.
Ejemplos históricos, como el despacho del expresidente Eduardo Menem, muestran cómo estas oficinas se cedían tradicionalmente entre senadores del mismo bloque, manteniendo acuerdos internos y preservando la continuidad política. Villarruel busca ahora dividir el despacho de Leavy en tres para asignarlo a legisladores de nuevos bloques, asegurando que todos tengan un lugar en el Palacio, pero alterando costumbres de larga data.
El conflicto refleja la tensión entre tradición y autoridad formal en el Senado, marcando un precedente sobre cómo se gestionarán los espacios de trabajo en el Congreso y poniendo en evidencia la compleja interacción entre historia parlamentaria, poder político y reorganización institucional.
