La investigación judicial que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde sumó un nuevo impulso con la búsqueda de un video que podría ser determinante para la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El expediente, que ya lleva varios años, volvió a activarse tras la incorporación de una pista que apunta a la existencia de material audiovisual no localizado hasta el momento.
Según el avance de la pesquisa, la Justicia Federal intenta establecer si existen dos registros caseros vinculados al entorno del exfuncionario y su expareja Jesica Cirio, en los que se observarían movimientos de dinero en efectivo. El material habría sido grabado en una propiedad privada compartida durante la relación y forma parte de una línea investigativa que busca reconstruir el origen del patrimonio bajo sospecha.
El primer registro mencionado en el expediente ubicaría la escena en un vestidor, donde se describen compartimentos con grandes sumas de dinero en efectivo, presuntamente organizadas en fajos. El segundo video, de acuerdo con los mismos elementos incorporados a la causa, mostraría una secuencia similar en otro sector de la vivienda, con dinero dispuesto sobre una superficie de apoyo.
La investigación también analiza cómo habrían circulado esas imágenes antes de llegar al ámbito judicial. La hipótesis principal señala que el material habría sido exhibido en un contexto privado y luego derivado a terceros, en el marco de tensiones personales y disputas económicas posteriores a la separación de la pareja. En ese circuito aparece mencionado el entorno del último vínculo sentimental de Cirio, aunque todo es materia de verificación dentro del expediente.
En paralelo, el juzgado federal a cargo de la causa dispuso una serie de medidas para avanzar en la confirmación de la existencia del video. Entre ellas, se ordenó la declaración testimonial de un periodista que habría tenido contacto con la información sobre el material audiovisual. La citación fue fijada bajo juramento y apunta a esclarecer qué conocimiento tiene sobre el origen y el contenido de las supuestas grabaciones.
Además, se realizaron requerimientos a una firma de medios para determinar si existían copias o registros del material en sus archivos. La respuesta fue negativa, lo que reforzó la línea de investigación que sostiene que el video no habría tenido difusión pública formal y que su circulación habría sido limitada o informal.
En el plano judicial, las defensas de los principales involucrados intentaron frenar algunas de las medidas dispuestas, cuestionando la citación de testigos vinculados al ámbito periodístico. Sin embargo, esos planteos fueron rechazados, con el argumento de que las diligencias resultan necesarias para avanzar en la reconstrucción de los hechos y no vulneran garantías constitucionales.
La causa también incorporó recientemente la declaración de un contador vinculado a una de las sociedades bajo análisis, sospechada de haber sido utilizada como eventual vehículo para operaciones financieras irregulares. Su testimonio se centró en la documentación contable y en la trazabilidad de los movimientos económicos bajo revisión.
Con este nuevo escenario, la investigación vuelve a poner el foco en el entramado patrimonial que rodea al caso y en la eventual existencia de pruebas audiovisuales que podrían modificar el rumbo del expediente. La búsqueda del video se convirtió en uno de los ejes centrales de una causa que sigue sumando capas de complejidad y mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre el manejo de fondos y bienes en disputa.
