El tribunal federal de Salta dictó la absolución de Atta Gerala y, con eso, cerró al menos en esta instancia una causa que desde 2023 desnudó uno de los saqueos más groseros al patrimonio del Estado nacional en el Chaco Salteño.
Lo que no cerró fue la sensación de que algo mucho más grande quedó flotando: un negocio que movía casi 25 millones de pesos por día con rieles arrancados a lo largo de 120 kilómetros y que terminaban contrabandeados hacia Bolivia. Difícil imaginar que semejante logística se sostuviera solo con palancas de barrio.
La investigación judicial pintó con lujo de detalles un circuito aceitado: extracción, traslado y salida del país de material ferroviario que era propiedad del Estado. No se trató de chorros aislados. Hubo secuestros de mercadería, escuchas telefónicas y evidencias que mostraron cómo se usaron recursos municipales y hasta la complicidad de fuerzas de seguridad para que el tren de la ilegalidad siguiera andando durante años. La fiscalía lo dijo clarito: el peso político de Gerala en Morillo era lo que permitía que todo funcionara sin que nadie pusiera palos en la rueda.
En el juicio terminaron condenados los que ponían las manos en la masa. Entre ellos, el propio hijo del exintendente, Miguel “Llopi” Gerala, quien junto a otros implicados admitió su parte en el esquema. Pero cuando llegó el turno de vincular penalmente al que aparecía como cerebro o al menos como gran facilitador, el tribunal optó por un criterio superestricto. Los indicios, las conexiones familiares y el contexto de poder no alcanzaron para condenarlo. Inocente hasta que se pruebe lo contrario, sí. Pero la comunidad se queda con la bronca de que la Justicia no logró –o no quiso– llegar hasta el fondo.
La destitución de Gerala en noviembre de 2024 había sido el primer golpe político fuerte. Parecía que las evidencias acumuladas por fin pasaban factura. Hoy esa absolución reescribe el final de la historia y deja un mensaje preocupante: en ciertas zonas del norte salteño, el poder local sigue siendo más fuerte que las pruebas que lo rodean.
El punto que más duele y que va más allá de lo estrictamente judicial es el rol de figura de poder que Gerala encarnaba en las comunidades. No es solo un dato de color. Las mismas poblaciones originarias de la zona vienen denunciando desde hace rato las presiones y amenazas que sufrían. El fallo federal lo reconoció de alguna manera al prohibirle a un testigo clave, Rodríguez, residir o circular por el departamento Rivadavia Banda Norte, especialmente por Pluma de Pato, justamente por las amenazas que había proferido contra pobladores originarios.
Al final, la absolución de Atta Gerala deja al Chaco Salteño con una herida abierta. Se condenó el robo, pero el sistema que lo permitió sigue intacto. Y mientras los rieles desaparecidos ya están del otro lado de la frontera, los vecinos de las comunidades originarias siguen sintiendo que la Justicia, una vez más, no terminó de hacer justicia del todo. El caso se archivó, pero la bronca y la desconfianza siguen muy vivas en el norte salteño.
Por Luis Rodriguez
