La inminente confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad marca un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina.
Este fallo, ratificado por la Cámara de Casación Penal el 13 de noviembre de 2024, representa un acto de justicia largamente esperado por un pueblo que, durante más de una década, fue testigo de cómo un grupo de delincuentes enquistados en el poder utilizó el Estado como herramienta para enriquecerse de manera ilícita a costa del erario público.
La causa Vialidad expuso un esquema sistemático de corrupción orquestado desde las más altas esferas del gobierno kirchnerista. Entre 2003 y 2015, se direccionaron 51 contratos de obra pública en Santa Cruz, con sobreprecios millonarios, a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, un aliado cercano de los Kirchner. Los jueces determinaron que estas maniobras defraudaron al Estado por más de 1.000 millones de dólares, beneficiando a un círculo íntimo mientras muchas de las obras quedaron inconclusas o ni siquiera se realizaron. Este saqueo descarado no solo robó recursos que debieron destinarse al bienestar de los argentinos, sino que también profundizó la desconfianza en las instituciones democráticas.
Cristina Kirchner, lejos de asumir su responsabilidad, ha insistido en presentarse como víctima de una supuesta persecución política, alegando “lawfare” y una “mafia judicial”. Esta narrativa, repetida incansablemente, busca deslegitimar un proceso judicial que involucró a más de 20 magistrados durante 18 años, con pruebas contundentes como mensajes, licitaciones amañadas y vínculos comerciales entre Báez y la familia Kirchner. Su estrategia de victimización no solo subestima la inteligencia del pueblo argentino, sino que también refleja un intento desesperado por eludir las consecuencias de sus actos.
La condena, que parecería tener fecha de confirmación por la Corte Suprema, envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Mientras Cristina Kirchner maniobra para obtener fueros que la protejan de la cárcel, el pueblo argentino celebra que, por primera vez, una figura de su envergadura enfrenta las consecuencias de haber traicionado la confianza pública. Este fallo no es solo un castigo a una persona, sino un freno a un modelo de corrupción sistémica que saqueó al país y lo sumió en la pobreza. Como expresó el presidente Javier Milei, “hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”. Es hora de que el país deje atrás los privilegios de quienes abusaron del poder y avance hacia una Argentina donde la justicia y la honestidad prevalezcan.
La lucha no termina aquí. La Corte Suprema tiene en sus manos la definición final de este caso, y el pueblo argentino espera que la justicia se mantenga firme frente a las presiones políticas. La confirmación de esta condena no solo es un acto de justicia, sino una oportunidad para cerrar un capítulo de impunidad y construir un futuro donde los delincuentes que se enriquecieron a expensas del Estado enfrenten las consecuencias de sus actos.
