Una importante investigación federal por presunto contrabando de mercadería, infracción a la Ley de Marcas y lavado de activos derivó en una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Salta, donde las autoridades secuestraron más de 358 millones de pesos en efectivo, miles de prendas y calzado, además de una gran cantidad de dispositivos electrónicos y documentación considerada clave para la causa.
El operativo fue impulsado por el fiscal general Carlos Martín Amad, luego de una denuncia presentada por autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA), que detectaron maniobras sospechosas vinculadas al ingreso y comercialización de mercadería presuntamente ilegal.
Las medidas judiciales fueron autorizadas por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, y ejecutadas por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina junto a personal de la Dirección General de Aduanas.
La investigación comenzó a partir de controles realizados sobre encomiendas retenidas por la Aduana, donde se detectaron irregularidades relacionadas con mercadería de origen extranjero ingresada presuntamente de manera ilegal al país.
Según trascendió, durante el análisis de los envíos los investigadores advirtieron que se repetía de manera constante una misma destinataria en distintas operaciones. Ese dato despertó sospechas y derivó en la denuncia formal presentada ante la Unidad Fiscal Federal de Salta.
A partir de allí, el fiscal Amad, quien se encuentra al frente del Área de Casos Sencillos y Flagrancias, ordenó una serie de tareas investigativas para reconstruir el funcionamiento de la maniobra.
Las pesquisas permitieron establecer que las personas bajo investigación habrían adquirido mercadería de contrabando para luego trasladarla mediante encomiendas hacia la capital salteña, donde posteriormente era comercializada en distintos locales dedicados a la venta de ropa y calzado.
Entre los comercios bajo sospecha aparece el local denominado “Divinas”, señalado dentro de la investigación como uno de los puntos donde se ofrecía parte de la mercadería presuntamente ilegal.
La causa también avanzó sobre el análisis financiero y contable de las firmas involucradas. En esa etapa, los investigadores detectaron inconsistencias millonarias entre las acreditaciones bancarias registradas y los montos efectivamente facturados.
Ese hallazgo fortaleció la hipótesis de posibles maniobras de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad, en concurso con comercialización de productos con marcas falsificadas, delitos contemplados en la legislación argentina.
Además, la Justicia Federal investiga si las operaciones comerciales y financieras detectadas podrían estar vinculadas a maniobras de lavado de activos, una figura penal que agrava significativamente el expediente.
Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó los allanamientos simultáneos que se concretaron en distintos puntos de la ciudad.
En total se realizaron seis procedimientos: tres en locales comerciales, dos en domicilios particulares de las personas investigadas y uno en un estudio contable presuntamente relacionado con las maniobras bajo análisis.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron 352.228.990 pesos en efectivo y 4.500 dólares estadounidenses, una cifra que llamó fuertemente la atención de los investigadores por el volumen de dinero encontrado.
También fueron incautados alrededor de 263 bolsones con mercadería y 436 cajas de calzado presuntamente ingresado en infracción a la normativa aduanera y a la Ley de Marcas.
El valor total de la mercadería todavía no fue determinado oficialmente, ya que ahora deberá ser sometida a peritajes y evaluaciones por parte de la Aduana para establecer su origen, autenticidad y cotización comercial.
En paralelo, los investigadores avanzaron sobre el secuestro de elementos tecnológicos y documentación considerados fundamentales para profundizar la causa.
Entre los objetos incautados aparecen 11 teléfonos celulares, más de 100 tarjetas SIM, grabadoras digitales, computadoras, un CPU y una importante cantidad de papeles y registros contables que ahora serán analizados por la Justicia Federal.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el análisis de los dispositivos electrónicos podría resultar clave para reconstruir movimientos financieros, contactos comerciales y posibles vínculos con proveedores o distribuidores de mercadería ilegal.
La causa se mantiene bajo estricta reserva mientras continúan las pericias y el relevamiento de toda la documentación secuestrada durante los procedimientos.
El operativo tuvo fuerte repercusión en Salta debido al volumen del dinero encontrado y a la magnitud de la mercadería incautada. Además, vuelve a poner el foco sobre las maniobras vinculadas al ingreso ilegal de productos al norte argentino, una problemática que desde hace años preocupa tanto a organismos nacionales como a comerciantes formales de la región.
En los últimos tiempos, distintos procedimientos realizados en Salta y provincias vecinas permitieron detectar circuitos de comercialización informal que involucran ropa, calzado y productos importados ingresados presuntamente sin control aduanero o utilizando documentación irregular.
Ahora, la investigación federal buscará determinar el alcance económico de la maniobra, la posible existencia de más involucrados y si detrás de las operaciones funcionaba una estructura organizada destinada al lavado de dinero proveniente del comercio ilegal.
Mientras tanto, todos los elementos secuestrados permanecerán bajo custodia judicial y serán incorporados a la causa penal que sigue adelante en la Justicia Federal de Salta.
