Un estudio jurídico a cargo de Santiago Pedroza, ubicado en el centro de la capital, fue allanado este viernes en el marco de una investigación penal por presunta estafa vinculada a la comercialización de lotes en zonas no aptas para viviendas, a la vera del río Arias. La causa ya acumula alrededor de 40 denuncias y apunta a una maniobra que habría perjudicado a cientos de personas con pagos que, en algunos casos, alcanzan cifras millonarias.
La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 3, a pedido de la Unidad Fiscal interviniente, y ejecutada por personal del Grupo Investigativo del Sector Oeste de la Policía. Durante el procedimiento también participó un veedor del Colegio de Abogados y Procuradores, en el marco de las garantías del proceso.
El inmueble allanado corresponde a un estudio jurídico donde se investiga la actividad del profesional señalado en la causa. La pesquisa se inició a partir de la denuncia de un hombre que afirmó haber sido engañado en la compra de un lote en la zona de Atocha. A partir de ese caso inicial, se fueron sumando presentaciones de otros damnificados.
Según la investigación, todo se habría originado en 2023 tras una ocupación de terrenos en la ribera del río Arias. Luego de un desalojo, se habrían ofrecido supuestas soluciones legales y regularizaciones que derivaron en la venta de lotes que, en realidad, se encuentran en zonas declaradas inundables e inhabitables, lo que impide cualquier tipo de urbanización formal.
Las denuncias sostienen que la maniobra alcanzó a unas 400 personas. Los pagos realizados varían entre 500.000 pesos y montos cercanos a los 8 millones por familia. Las transacciones se habrían concretado en efectivo o mediante transferencias, en domicilios particulares o en el propio estudio jurídico, con entrega irregular de comprobantes.
Con el avance de la causa, los investigadores solicitaron documentación y registros a distintos organismos provinciales, donde se constató que no existían trámites formales vinculados a la regularización de esos terrenos ni gestiones válidas ante áreas competentes en materia de tierras o recursos hídricos. Esa información reforzó la hipótesis de una posible maniobra fraudulenta.
En paralelo, se indicó que los lotes ofrecidos se encuentran en una zona ribereña con riesgo de inundación, lo que agrava la situación de quienes adquirieron los terrenos, ya que no serían aptos para viviendas ni desarrollos urbanos. Esta condición es clave dentro del expediente, dado que compromete la validez de cualquier operación de venta.
Tras el allanamiento, la investigación continúa con el análisis de documentación secuestrada y la toma de nuevas declaraciones. Desde la fiscalía se reiteró el pedido para que otras posibles víctimas se presenten con comprobantes y documentación que permita avanzar en la reconstrucción de las operaciones y el alcance total de la presunta estafa inmobiliaria.
