La investigación por presunta falsificación de documentos utilizados para cobrar prácticas médicas derivó este viernes en una serie de allanamientos a sedes vinculadas al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), uno de los centros privados más conocidos de la ciudad de Salta. Los operativos, encabezados por personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), forman parte de una causa que avanza bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, los procedimientos se desarrollaron en cuatro domicilios relacionados con el instituto, tres de ellos ubicados sobre calle Adolfo Güemes y un cuarto inmueble situado en calle España al 1000. En todos los allanamientos se secuestró documentación considerada relevante para la investigación, además de realizarse copias forenses de la información almacenada en los sistemas informáticos del IMAC. La medida busca determinar si desde la institución se habrían confeccionado y presentado documentos apócrifos para el cobro de prácticas médicas ante obras sociales.
La causa se inició el 19 de agosto, cuando el cardiólogo Edmundo Falú denunció que había sido advertido sobre la existencia de certificados que llevaban su sello y una firma que él no reconocía. Ese mismo día, personal administrativo del Instituto Provincial de Salud (IPS) le envió fotografías de documentos presuntamente adulterados y cargados en los sistemas de facturación como si se tratara de prácticas realizadas por él, pese a que no mantiene ningún vínculo laboral con el IMAC ni con sus dependencias.
En su presentación inicial, Falú señaló que desconocía por completo la documentación atribuida a su nombre. Cuatro semanas después, el 4 de octubre, amplió la denuncia y aportó actas internas del IPS vinculadas a auditorías de facturación, donde constaban inconsistencias y prácticas cargadas en el sistema que él no había realizado. También solicitó copias certificadas de esas actas y presentó un detalle de facturación que figuraba a su nombre durante 2024 y 2025, con montos que consideraba irregulares.
A la denuncia del cardiólogo se sumó otra presentación proveniente del propio Instituto Provincial de Salud de Salta. El 21 de agosto, la apoderada legal del IPS denunció penalmente a responsables del IMAC tras detectar, en una auditoría del Departamento de Control de Prestadores, documentos con firmas y sellos atribuidos a Falú que serían falsos. La funcionaria acompañó al expediente una copia de las actuaciones administrativas donde figuraban las presuntas irregularidades detectadas en la facturación correspondiente a junio de 2025, lo que reforzó las sospechas de que se habría montado un mecanismo sistemático para cargar prácticas inexistentes.
Con estas denuncias como punto de partida, los investigadores de la UDEC realizaron un entrecruzamiento de datos y elaboraron un informe que resultó clave para solicitar los allanamientos. En el documento, los peritos señalaron que personal del IMAC habría registrado en el sistema vinculado al IPS estudios, prácticas médicas e intervenciones supuestamente realizadas por Falú, pese a que el profesional nunca prestó servicios en el instituto. Además, habrían detectado la existencia de órdenes médicas con firmas y sellos falsificados, confeccionadas con apariencia de documentación auténtica de la institución y luego utilizadas para gestionar el cobro de prestaciones.
El mecanismo, según las primeras conclusiones, consistiría en atribuirle al médico prácticas que no realizó, respaldarlas con certificados presuntamente falsificados y presentarlas al IPS como si se tratara de prestaciones reales. Este tipo de maniobras no solo representa un perjuicio económico para la obra social provincial, sino que también implica delitos vinculados a la falsificación documental y a la defraudación.
Ante estas evidencias preliminares, la fiscal Salinas Odorisio pidió al Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro que autorizara los allanamientos en los cuatro domicilios ligados al IMAC. El objetivo era asegurar documentos físicos y respaldos digitales que permitieran reconstruir con precisión cómo operaba el presunto circuito de facturación irregular. En cumplimiento de la orden judicial, el CIF ejecutó los procedimientos esta mañana, recopilando una importante cantidad de material probatorio.
Fuentes judiciales consultadas señalaron que la fiscalía continuará evaluando la documentación secuestrada, así como el contenido extraído de los sistemas informáticos del instituto. Con esa información, se buscará identificar a las personas que podrían haber participado en la carga de prácticas falsas, la confección de órdenes médicas adulteradas y la presentación de documentación presuntamente apócrifa ante el IPS.
Mientras avanza la investigación, las autoridades del sistema de salud provincial siguen con atención el desarrollo del caso, ya que podría destapar un esquema más amplio de facturación irregular dentro del sector privado. No se descarta que, a partir del análisis de la documentación secuestrada, surjan nuevas líneas de investigación o más profesionales afectados por el uso indebido de sus datos.
