El 14 de enero, lo que empezó como una simple identificación derivó en una agresión brutal contra tres policías, con golpes, patadas y hasta daños en el vehículo oficial. La Justicia no tardó en actuar: una condena efectiva de un mes de prisión que busca poner freno a este tipo de resistencias que complican el trabajo de los uniformados en la provincia.
Todo se desató esa mañana de verano, pasadas las nueve, cuando un patrullero del Departamento de Seguridad Urbana rodaba por la ciclovía que da al barrio San Rafael. Los efectivos avistaron a dos tipos sentados en la banquina y bajaron para chequear sus datos, como dicta el protocolo en estos rastrillajes cotidianos de Salta. Lo que parecía rutina se torció rápido: los dos se plantaron firmes, negándose a colaborar y poniéndose en guardia con una actitud que olía a problemas desde lejos.
El más exaltado no se quedó en palabras. Arrancó tirando patadas a diestra y siniestra, acertándole de lleno en la mano a uno de los policías que intentaba calmar la cosa. Los uniformados, entrenados para estas situaciones, recurrieron a maniobras de contención para reducirlo y evitar que la bronca escalara más. Pero el tipo, lejos de aflojar, siguió como un toro enfurecido, cabeceando en la cara de otro efectivo y rematando con un puñetazo directo al ojo de un tercero. Fue un ida y vuelta de adrenalina que dejó marcas en el cuerpo y en el espíritu de quienes velan por la seguridad en Atocha.
Ni siquiera el traslado al patrullero sirvió para bajarle los humos. Ahí nomás, el agresor siguió pataleando y escupiendo amenazas, jurando que los iba a cruzar en la calle para ajustar cuentas. Se jactaba de tener antecedentes, como si eso le diera algún tipo de blindaje, mientras los policías lidiaban con el quilombo. Para colmo, antes de subirlo al móvil, le metió una patada al chasis que dejó una abolladura fea y rajó el paragolpe trasero. Uno de los heridos terminó en el hospital con moretones en la cara y el brazo, recordatorio de lo que pasa cuando la resistencia a la autoridad se sale de madre en los barrios salteños.
La respuesta judicial fue veloz y sin vueltas. En una audiencia exprés, las partes cerraron un juicio abreviado que evitó un debate largo y costoso. El juez de Garantías lo mandó preso de una por el delito de resistencia a la autoridad, declarándolo reincidente por segunda vez y ordenando su traslado directo a la Unidad Carcelaria 1. En Salta, donde estos episodios de violencia contra la fuerza pública no son aislados, la sentencia manda un mensaje claro: agredir a un policía no sale gratis, y la Justicia está para blindar el orden en las calles.
