La Justicia de Salta avanza en una causa que combina presuntas irregularidades administrativas con un posible delito penal en una de las zonas más emblemáticas del turismo provincial. Una mujer de 36 años fue imputada por haber presentado, aparentemente, una autorización ambiental falsa para realizar un evento en la Quebrada de Las Conchas, en Cafayate, un área protegida donde este tipo de actividades requiere permisos específicos.
La investigación se inició luego de que un control de rutina detectara la instalación de una estructura destinada a un evento en plena reserva natural, sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 17. En el lugar se había montado un escenario, junto con sistemas de iluminación y sonido, lo que encendió las alertas de las autoridades ambientales.
Al momento de la inspección, se presentó una copia impresa de una supuesta autorización emitida por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Según se pudo reconstruir, el documento habría sido enviado en formato digital por la mujer ahora imputada. Sin embargo, las dudas surgieron casi de inmediato.
Tras realizar consultas con el organismo correspondiente, se confirmó que no existía ningún permiso oficial para la realización del evento. Además, el documento exhibido presentaba inconsistencias evidentes: utilizaba un membrete institucional que no corresponde al vigente y contenía una firma que no pertenecía a ningún funcionario autorizado.
Con estos elementos, la fiscal penal de Cafayate resolvió avanzar con la imputación por los delitos de falsificación de instrumento público y uso de documento falso, figuras contempladas en el Código Penal. En esta etapa inicial, se considera que existen indicios suficientes para sospechar que la mujer habría confeccionado o utilizado un documento apócrifo con el objetivo de simular una autorización oficial.
La acusada fue notificada de los cargos y manifestó su intención de declarar por escrito. Para ello cuenta con un plazo de 48 horas, conforme lo establece la normativa vigente.
El caso también tuvo la intervención directa de autoridades provinciales. El secretario de Ambiente de Salta presentó una denuncia formal y desconoció expresamente la validez del documento exhibido, calificándolo como falso. Este punto fue clave para reforzar la hipótesis de la fiscalía y avanzar en la causa penal.
En paralelo, se activó una investigación contravencional a cargo de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), que busca determinar si, además del posible delito penal, existieron infracciones a las normativas administrativas y ambientales vigentes.
En el marco de esta línea de trabajo, distintos funcionarios del área ambiental ya prestaron declaración testimonial. Entre ellos, autoridades provinciales y personal técnico que aportaron documentación oficial y detalles sobre los procedimientos requeridos para autorizar actividades en zonas protegidas.
También declaró un guardaparque, quien brindó precisiones sobre las características del área y los controles habituales que se realizan en la reserva. Su testimonio es considerado relevante para comprender el contexto en el que se detectó el evento y las condiciones en las que se encontraba el lugar al momento del operativo.
La causa continuará con nuevas declaraciones en los próximos días. Está previsto que efectivos policiales que participaron del procedimiento aporten su versión de los hechos, lo que permitirá completar la reconstrucción de lo ocurrido y establecer con mayor claridad las responsabilidades.
Mientras tanto, la UFICON sigue recolectando pruebas y solicitando informes a distintos organismos. Parte de la documentación ya fue incorporada al expediente, aunque aún restan elementos clave para cerrar el circuito de la investigación.
El caso generó preocupación en Cafayate y en todo el Valle Calchaquí, no solo por la posible comisión de un delito, sino también por el impacto que este tipo de situaciones puede tener sobre áreas naturales protegidas. La Quebrada de Las Conchas es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia y cuenta con regulaciones estrictas para preservar su entorno.
La realización de eventos en este tipo de espacios está sujeta a controles rigurosos justamente para evitar daños ambientales. Por eso, la utilización de documentación falsa no solo representa una falta grave desde el punto de vista legal, sino también un riesgo para la conservación del lugar.
En este contexto, las autoridades remarcan la importancia de respetar los procedimientos establecidos y gestionar las autorizaciones correspondientes a través de los canales oficiales. El cumplimiento de estas normas no solo garantiza la legalidad de las actividades, sino también la protección de uno de los patrimonios naturales más importantes de Salta.
La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. Todo dependerá del avance de las pericias y de la información que surja de las declaraciones pendientes. Mientras tanto, la causa avanza con el foco puesto en esclarecer los hechos y determinar si efectivamente se trató de un documento falsificado utilizado para habilitar un evento en una zona donde no estaba permitido.
