Salta volvió a ser escenario de un caso complejo de delitos informáticos que, esta vez, requirió la intervención de dos provincias para avanzar con la investigación. Dos hombres oriundos de Córdoba fueron detenidos tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en Río Cuarto y Laboulaye, sospechados de integrar una modalidad de ciberestafa que tenía como principales víctimas a salteños que publicaban productos a la venta en plataformas digitales. El operativo, coordinado entre la Policía de Salta y la Policía de Córdoba, representa un paso firme en la lucha contra un tipo de delito que crece de manera constante en todo el país.
La investigación fue liderada por la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía salteña, que desde hace meses analizaba una serie de denuncias realizadas por vecinos de distintos puntos de la provincia. En todas las presentaciones se repetía el mismo patrón: los damnificados habían publicado productos en plataformas conocidas de compra y venta, y recibían mensajes de supuestos compradores que parecían genuinos. Los estafadores se mostraban interesados, negociaban rápidamente y enviaban comprobantes de transferencia bancaria que parecían reales. Sin embargo, el dinero nunca ingresaba a las cuentas de los vendedores.
Ese modus operandi —uno de los más utilizados en la actualidad por redes de estafas informáticas— suele aprovechar la urgencia o la buena fe de quienes realizan ventas particulares, especialmente aquellos que dependen de estas transacciones para generar ingresos. En muchos casos, la prolijidad de los comprobantes falsos y el dominio de la jerga financiera que muestran los delincuentes terminan confundiendo a las víctimas, que entregan el producto sin advertir que jamás recibirán el pago.
Con el avance de la investigación y el análisis de rastros digitales, los agentes de Ciberseguridad lograron identificar que la actividad delictiva se originaba en Córdoba. Las conexiones de internet, los perfiles utilizados y la trazabilidad de los contactos apuntaban a inmuebles ubicados en Río Cuarto y Laboulaye. Frente a este escenario, la Policía de Salta coordinó la acción con sus pares cordobeses, quienes prestaron colaboración para ejecutar los allanamientos que terminaron con dos hombres detenidos: uno de 41 años y otro de 29.
Los procedimientos se desplegaron ayer de manera simultánea y permitieron secuestrar diversos elementos de interés para la causa. Aunque aún no se difundió el detalle por cuestiones vinculadas a la investigación, se sabe que entre lo incautado hay dispositivos electrónicos —posiblemente teléfonos celulares, computadoras y almacenamiento digital— que serán peritados por especialistas en delitos informáticos. Este material será clave para reconstruir el alcance real de la maniobra y determinar si existen más víctimas en Salta u otras provincias.
El avance de esta causa marca un punto importante para las autoridades locales, ya que los delitos informáticos vienen creciendo a un ritmo acelerado. La facilidad de acceso a plataformas de compra y venta, sumada a la exposición cotidiana en redes sociales, convierte a los usuarios en blancos potenciales de estafadores que se aprovechan de la falta de controles en las transacciones personales. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de verificar cada operación y desconfiar de transferencias que no impactan de inmediato en la cuenta bancaria.
El trabajo conjunto entre provincias también refleja un cambio necesario en la manera de investigar este tipo de delitos. Las estafas digitales no se limitan a un territorio, y quienes las cometen suelen operar desde ciudades distantes para dificultar el seguimiento. En este caso puntual, el vínculo entre Salta y Córdoba permitió avanzar en un punto clave de la maniobra y actuar de manera coordinada para evitar que los sospechosos eliminaran rastros digitales o desplazaran dispositivos con información.
La intervención del Juzgado de Control de Córdoba y del Juzgado de Garantías 7 de Salta permitió ordenar las medidas necesarias y resguardar el procedimiento de acuerdo con la normativa vigente. Desde la Justicia se destacó el profesionalismo de los equipos que participaron de la investigación y la rapidez con la que se actuó para desbaratar la maniobra. Ahora, ambos detenidos permanecen a disposición de las autoridades, mientras se espera la evaluación de los elementos secuestrados para determinar las imputaciones que enfrentarán.
