Un caso de ciberestafas de gran escala, que tuvo como escenario un conocido corralón de la ciudad de Salta, terminó con la condena de dos hombres que utilizaron de manera fraudulenta tarjetas de crédito y débito de terceros para concretar compras millonarias. La maniobra, detectada tras una serie de reclamos bancarios y el desconocimiento de consumos por parte de los verdaderos titulares de las tarjetas, expuso un sofisticado esquema delictivo vinculado a la ciberdelincuencia y al circuito ilegal de reventa de materiales.
La investigación permitió establecer que entre el 5 y el 29 de abril de 2024 se realizaron al menos 17 operaciones comerciales por un monto cercano a los 11 millones de pesos. La cifra corresponde al perjuicio económico que la empresa damnificada advirtió como posible daño integral, en función del avance de los reclamos bancarios y de la devolución de los montos desconocidos por los clientes afectados.
El caso llegó a juicio bajo la modalidad abreviada y concluyó con condenas para los dos imputados. Un hombre de 27 años fue considerado autor del delito de estafa por uso indebido de tarjeta de crédito, mientras que otro de 33 años fue condenado como partícipe secundario. Ambos reconocieron su responsabilidad en los hechos, lo que permitió arribar a un acuerdo entre las partes y agilizar el proceso judicial.
Tras la confesión de los acusados, la jueza del distrito Centro resolvió imponer una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para el autor del delito y de un año de prisión condicional para el partícipe secundario. Además de las condenas, ambos deberán cumplir reglas de conducta establecidas por la Justicia y se concretó la reparación del daño ocasionado, un punto clave para la resolución del caso.
El origen de la causa se remonta al 29 de abril del año pasado, cuando la apoderada legal de un corralón ubicado sobre avenida Chile presentó una denuncia tras detectar una situación irregular. Ese día, un hombre se comunicó con el área de reclamos de la empresa para advertir que había observado un consumo por un millón de pesos en su tarjeta de crédito, una operación que aseguró no haber realizado. El cliente solicitó dejar constancia del reclamo y desconocer formalmente la compra.
A partir de ese aviso, la empresa inició una revisión interna exhaustiva de su sistema de ventas. Fue entonces cuando detectaron un patrón que encendió todas las alarmas: una serie de operaciones de alto valor, realizadas en un corto período de tiempo, que luego eran desconocidas por los titulares de las tarjetas utilizadas para el pago. El análisis permitió identificar que el principal acusado había concretado al menos 17 compras utilizando tarjetas de crédito y débito de distintas personas.
Los pagos, si bien habían sido autorizados en un primer momento, posteriormente eran rechazados o reclamados por los verdaderos dueños de las tarjetas, lo que generaba un fuerte perjuicio económico para el comercio. Este tipo de maniobra es una de las modalidades más frecuentes dentro de la ciberdelincuencia, ya que combina el uso indebido de datos financieros con operaciones comerciales presenciales o semipresenciales.
La investigación avanzó rápidamente y permitió reconstruir el circuito completo del fraude. Los materiales adquiridos incluían principalmente bolsas de cemento y otros insumos de construcción, además de electrodomésticos. Una vez concretadas las compras, los productos no eran retirados por los imputados de manera directa, sino por terceros contratados mediante fletes, lo que dificultaba inicialmente el rastreo de los responsables.
El material era distribuido en distintos domicilios particulares y pequeños corralones de la ciudad de Salta, donde luego era revendido de manera informal. Este mecanismo permitía a los autores transformar rápidamente los productos obtenidos de manera fraudulenta en dinero en efectivo, cerrando así el circuito delictivo.
