El Tribunal Oral Federal N°1 de Argentina ha emitido un fallo condenatorio en el caso que involucra a un empleado del PAMI y a un empresario local por delitos de corrupción. Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz y Marta Liliana Snopek, integrantes del tribunal, han dictaminado que Claudio Marcelo Palacios, empleado de la Unidad Salta del PAMI, y Sebastián Gonzalo Villagrán Di Prieto, empresario local, son responsables de negociaciones incompatibles con la función pública.
La condena impuesta a Palacios también incluye el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por su parte, Villagrán Di Prieto fue considerado partícipe necesario en estos hechos delictivos. El fallo, dado a conocer el 31 de mayo pasado, también incluye la absolución de Ricardo Gabriel Coronel, otro empleado del PAMI, quien se benefició de la duda en su caso.
El tribunal ha concedido todas las solicitudes del fiscal Ricardo Rafael Toranzos en cuanto a las penas accesorias, multas y reglas de conducta. Toranzos había solicitado una multa de 1.660.000 pesos para cada uno de los condenados, una medida que fue admitida por el tribunal. Además, se ordenó a los acusados realizar un curso de ética, abstenerse de negociar contrataciones con el Estado y llevar a cabo trabajo no remunerado durante un año en hogares de ancianos.
En relación a Palacios, el fiscal había solicitado su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa intentó impugnar esta solicitud argumentando la inconstitucionalidad de la norma legal, pero el tribunal respaldó la postura del Ministerio Público Fiscal y extendió la pena accesoria a Villagrán Di Prieto, impidiéndole ingresar a la función pública en cualquier forma.
El caso se originó a partir de una denuncia anónima que implicaba a los tres acusados en maniobras destinadas a beneficiar a Villagrán Di Prieto con la concesión de servicios audiovisuales. Durante el juicio, el fiscal presentó numerosos testimonios y pruebas, incluyendo audios de conversaciones entre los acusados que fueron interceptados durante la investigación preliminar.
El fiscal destacó la naturalización de la corrupción dentro del orden estatal y la falta de transparencia en las contrataciones investigadas. Se demostró cómo los acusados lograron sortear los controles internos y beneficiar a Villagrán Di Prieto. También se revelaron detalles sobre la participación de Palacios en la manipulación de la documentación y la presentación de ofertas ficticias.
Las defensas de los acusados intentaron minimizar los hechos y argumentaron que otros casos eran más graves, pero el fiscal resaltó que la corrupción debe ser condenada independientemente del monto o la ganancia obtenida. El tribunal respaldó la acusación y rechazó los pedidos de nulidad realizados por las defensas.
