El Congreso avanzó con una de las reformas más debatidas de los últimos años: la Cámara de Diputados otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, con un amplio respaldo de bloques como el PRO, UCR, Libertarios, Provincias Unidas, MID y otros espacios provinciales.
El proyecto no solo modifica la edad a la que los menores pueden ser imputados, sino que también fija penas máximas de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Al mismo tiempo, establece penas alternativas para infracciones menores, incluyendo amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño y limitaciones de movilidad, como la prohibición de conducir o concurrir a ciertos lugares.
Otra de las novedades es la creación de institutos especializados para adolescentes condenados, donde se garantice educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia, y queda terminantemente prohibida la convivencia con detenidos mayores de edad.
Además, la reforma contempla la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y el consentimiento expreso de la víctima. Esta última figura busca fortalecer el rol de quienes sufren los delitos, garantizando su derecho a ser informados, escuchados, asistir a instancias judiciales relevantes y participar en mecanismos restaurativos cuando corresponda.
El debate parlamentario estuvo marcado por posiciones enfrentadas. Desde el oficialismo se destacó que la ley vigente, vigente desde 1980, “no previene, no resocializa ni repara”, y que el nuevo régimen incorpora estándares internacionales que el país había suscripto pero nunca plasmado en normativa específica. La diputada informante destacó que la legislación actual deja a muchos jóvenes “en un limbo” sin debido proceso ni políticas de resocialización, facilitando la captación por organizaciones criminales.
En el peronismo, la crítica se centró en la falta de un enfoque integral que aborde la problemática desde la salud mental, los consumos problemáticos y la educación. “La edad la pueden bajar a cero años, pero eso no resuelve el problema”, sostuvo uno de los referentes del bloque. Desde esa perspectiva, se reclamó la creación de herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas y la inversión en espacios de contención y educación.
Durante la sesión, algunos legisladores recordaron que la discusión sobre la baja de edad no es nueva. En 2015, un proyecto de Código Penal ya planteaba los 14 años como límite para imputabilidad. Sin embargo, la votación por capítulos y a mano alzada hizo que finalmente algunos sectores del Frente Renovador no acompañaran la iniciativa.
El nuevo Régimen Penal Juvenil también contempla una asignación presupuestaria específica para su implementación: se destinarán más de $23.700 millones, de los cuales $3.130 millones serán para el Ministerio de Justicia y $20.607 millones para la Defensoría General de la Nación. Esta medida busca garantizar que los costos no recaigan exclusivamente en las provincias y asegurar la operatividad de los centros especializados y programas de resocialización.
La reforma incluye además mecanismos de control para garantizar que los menores no convivan con presos adultos, así como la capacitación obligatoria de todo el personal que trabaje en los institutos. Se prevé también la participación activa de las víctimas en los procesos judiciales, con asesoramiento legal y acompañamiento psicológico, consolidando un enfoque que combina sanción, prevención y reparación.
El proyecto recibió apoyo transversal de distintos bloques, tras un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, más de veinte proyectos analizados y el aporte de más de treinta especialistas. Según los impulsores, esto permitió alcanzar un consenso amplio, aunque el debate dejó expuestas diferencias ideológicas y de enfoque sobre cómo abordar la criminalidad juvenil y la prevención social.
Entre los críticos, se destacó la preocupación de que la baja de la edad, sin inversión adecuada en educación, salud y programas sociales, podría terminar siendo una medida simbólica sin impacto real. “Si el Estado no deja de ajustar en lo social, la baja de imputabilidad será solo humo para la tribuna”, alertaron legisladores opositores.
El proyecto contempla también la incorporación de mecanismos restaurativos, donde los adolescentes infractores puedan reconocer el daño causado y participar en su reparación, siempre bajo supervisión judicial y con acompañamiento profesional. Se busca de este modo equilibrar la necesidad de sanción con la posibilidad de reintegración social de los menores.
En el cierre del debate, el oficialismo insistió en que la reforma no pretende reemplazar otras políticas públicas sino complementar un enfoque integral de seguridad, priorizando la protección de la sociedad y el respeto por los derechos de las víctimas. Desde el bloque proponente se aseguró que la medida es un paso necesario para que los adolescentes comprendan que sus actos tienen consecuencias y para evitar la impunidad en casos graves.
Familiares de víctimas de delitos cometidos por menores siguieron la sesión desde los palcos, entre ellos representantes de organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia, quienes destacaron la importancia de garantizar que los adolescentes responsables de delitos graves enfrenten consecuencias concretas, sin sacrificar sus derechos básicos.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto avanza ahora hacia el Senado, donde se definirá su aprobación final. La expectativa es que, con ajustes puntuales, la ley entre en vigor con un esquema que combine sanción, educación, tratamiento y protección de los derechos de las víctimas, marcando un cambio significativo en la política penal juvenil.
