Tres personas fueron condenadas a cumplir penas de prisión efectiva tras ser encontradas culpables de comercializar drogas en la zona sudeste de la ciudad de Salta, en una causa que volvió a poner en evidencia el impacto del narcomenudeo en los barrios capitalinos. Se trata de dos mujeres y un hombre que actuaban de forma organizada y que, según se probó en el proceso judicial, se valían de la participación de un menor de edad para llevar adelante la actividad ilícita.
La sentencia fue dictada luego de una audiencia de juicio abreviado, instancia en la que los imputados reconocieron su responsabilidad penal. El fallo estableció penas de seis años de prisión efectiva para una de las mujeres, siete años para el hombre y seis años y seis meses para la tercera integrante del grupo. De esta manera, los tres deberán cumplir condena de cumplimiento efectivo, sin posibilidad de acceder a beneficios excarcelatorios en el corto plazo.
La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), que tuvo a su cargo la investigación desde sus primeras etapas. El expediente se originó a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos a través de los canales habilitados por el Ministerio Público Fiscal, una herramienta que en los últimos años cobró un rol clave para detectar puntos de venta de drogas en distintos sectores de la provincia de Salta.
Según se desprende de la investigación, las denuncias advertían sobre movimientos sospechosos vinculados a la venta de estupefacientes en barrio Solidaridad, uno de los sectores más populosos de la zona sudeste capitalina. A partir de esa información, se dispuso el inicio de tareas investigativas para confirmar o descartar la veracidad de los datos aportados.
Bajo la dirección de la Fiscalía, personal policial especializado llevó adelante un trabajo de campo sostenido, que incluyó tareas de vigilancia, seguimiento y recolección de pruebas. Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron identificar a un hombre y una mujer que mantenían una actividad constante de intercambio de sustancias prohibidas, tanto entre ellos como con terceros que se acercaban al lugar.
Las tareas permitieron establecer que la comercialización no se trataba de hechos aislados, sino de una modalidad sostenida en el tiempo, con roles definidos y una dinámica organizada. En ese contexto, los investigadores detectaron la participación de una tercera mujer, así como también la intervención de un menor de edad, hijo de uno de los imputados, quien era utilizado para colaborar en las maniobras ilegales.
La participación del menor constituyó uno de los agravantes más relevantes del caso. De acuerdo a lo probado en la causa, el niño era expuesto a un entorno de extrema vulnerabilidad, en abierta infracción a la ley de estupefacientes y a las normas de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este elemento fue determinante al momento de establecer la gravedad de los hechos y el monto de las penas impuestas.
Con el cúmulo de pruebas reunidas durante la investigación, la Fiscalía solicitó autorización judicial para llevar adelante una serie de allanamientos en viviendas vinculadas a los sospechosos. Las medidas fueron autorizadas y ejecutadas de manera simultánea, con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas o la fuga de los implicados.
Durante los procedimientos, el personal policial logró detener a los tres investigados y secuestrar una importante cantidad de elementos de interés para la causa. Entre lo incautado se encontraron sustancias estupefacientes listas para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y la distribución de la droga.
El material secuestrado fue incorporado como prueba y resultó fundamental para sostener la acusación fiscal. Los peritajes confirmaron la naturaleza de las sustancias incautadas y permitieron reforzar la hipótesis de una actividad de comercialización organizada, en infracción a la ley nacional 23.737.
