Un hombre de 67 años fue condenado en la ciudad de Tartagal por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un niño que, al momento del hecho, tenía 12 años. La sentencia fue dictada por la Sala 1 del Tribunal de Juicio de Tartagal, tras un proceso judicial en el que se valoraron pruebas testimoniales, periciales y contextuales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.
La causa se enmarca dentro de los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, una problemática que continúa siendo abordada por la Justicia en el norte de la provincia de Salta con perspectiva de protección integral de derechos. En este caso, el tribunal resolvió imponer una pena de seis años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, aunque dispuso que continúe bajo la modalidad de prisión domiciliaria, tal como se había determinado con anterioridad.
Durante el debate oral, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, quien sostuvo la acusación y expuso el recorrido probatorio que permitió reconstruir lo ocurrido. La investigación logró establecer que el abuso se produjo en un contexto de cercanía familiar y aprovechamiento de la confianza, uno de los factores que suelen aparecer en este tipo de delitos.
Según quedó acreditado en la sentencia, el hecho ocurrió durante la noche, cuando la víctima se encontraba dentro de un automóvil junto a su tío político. En ese ámbito cerrado y sin la presencia de terceros, el hombre abusó sexualmente del niño y luego lo amenazó para que no relatara lo sucedido, generando un profundo daño emocional y psicológico.
El tribunal tuvo en cuenta la edad de la víctima al momento del hecho, la situación de vulnerabilidad y el vínculo preexistente entre el agresor y el niño. Estos elementos resultaron determinantes al momento de evaluar la gravedad del delito y la responsabilidad penal del condenado, en línea con los estándares legales vigentes en materia de protección de menores.
Además de la pena privativa de la libertad, la Sala 1 del Tribunal de Juicio de Tartagal ordenó una serie de medidas complementarias vinculadas al registro genético del condenado. En ese sentido, dispuso la extracción de material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), con el objetivo de incorporarlo al Banco de Datos Genéticos.
Esta medida se llevará a cabo previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), en cumplimiento de lo establecido por la Ley Nacional N° 26.879 y la Ley Provincial N° 7775. La orden judicial fue comunicada a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que tendrá a su cargo la prosecución de los trámites administrativos correspondientes.
La inscripción en el Banco de Datos Genéticos constituye una herramienta clave para la investigación y prevención de delitos sexuales, ya que permite fortalecer los mecanismos de identificación y contribuir al esclarecimiento de causas presentes y futuras. En Salta, este tipo de disposiciones se aplican de manera sistemática en condenas vinculadas a delitos contra la integridad sexual.
El fallo judicial también valoró el impacto que este tipo de hechos genera en las víctimas, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes. La violencia sexual en el ámbito intrafamiliar o de confianza suele producir secuelas que se extienden en el tiempo, afectando el desarrollo emocional y social de quienes la padecen.
Desde el ámbito judicial remarcaron la importancia de denunciar este tipo de delitos y de acompañar a las víctimas durante todo el proceso, garantizando su protección y evitando la revictimización. En la provincia de Salta, las fiscalías especializadas en Violencia Familiar y de Género cumplen un rol central en la investigación de estos hechos, con equipos interdisciplinarios que abordan cada caso de manera integral.
La condena dictada en Tartagal se suma a otras resoluciones judiciales que buscan enviar un mensaje claro respecto a la gravedad de los delitos sexuales contra menores y la necesidad de una respuesta firme por parte del Estado. La Justicia reafirmó, a través de este fallo, su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio provincial.
En un contexto donde la prevención y el acceso a la Justicia resultan fundamentales, el avance de esta causa representa un paso importante para la comunidad de Tartagal y para el norte salteño en general. El proceso judicial permitió que el hecho fuera juzgado y que el responsable recibiera una condena acorde a la calificación legal del delito.
Finalmente, las autoridades judiciales reiteraron la importancia del rol de la sociedad en la detección temprana de situaciones de abuso y violencia, y destacaron que la intervención oportuna puede ser determinante para proteger a las víctimas y evitar que estos hechos se repitan.
