Un hombre de 30 años fue condenado a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de amenazas, lesiones y desobediencia judicial, tras haber ejercido violencia contra la hija de su expareja en un grave episodio ocurrido en la ciudad de Salta. La Justicia también lo declaró reincidente por cuarta vez, teniendo en cuenta sus antecedentes penales.
El fallo fue dictado luego de una audiencia de juicio abreviado realizada durante la feria judicial, en el ámbito del Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro. El acusado reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la pena acordada, lo que permitió una resolución rápida del caso.
El violento episodio tuvo lugar durante la noche del 6 de septiembre de 2025, cuando la joven damnificada regresó a su vivienda y advirtió una situación fuera de lo habitual. Al llegar, notó que su perro intentaba ingresar de manera insistente a una casilla ubicada dentro del terreno, sin lograr hacerlo. Esta actitud llamó su atención y la llevó a acercarse al lugar para verificar qué estaba ocurriendo.
Al aproximarse, la mujer observó una mochila apoyada en la entrada de la casilla, la cual reconoció como perteneciente a su hermana menor. Al retirarla, descubrió que el acusado se encontraba oculto en el interior del lugar, pese a tener prohibido acercarse a la familia por una denuncia previa y medidas cautelares dictadas en su contra.
Ante el hallazgo, la damnificada le advirtió que daría aviso inmediato a la Policía y le recordó que existían restricciones judiciales vigentes que le impedían estar allí. Lejos de retirarse pacíficamente, el sujeto reaccionó de manera violenta cuando intentó salir del lugar.
Según se estableció durante el proceso judicial, al ver que la mujer mantenía cerrada la puerta para impedirle escapar, el acusado comenzó a insultarla y amenazarla de forma reiterada. En ese contexto, le propinó golpes de puño en la zona del abdomen, provocándole lesiones que luego fueron constatadas.
La situación se tornó aún más grave cuando el hombre logró abrir el portón de la vivienda y salir hacia la vía pública. La damnificada intentó retenerlo en la calle, momento en el cual fue arrastrada varios metros, sufriendo nuevos golpes y una situación de alto riesgo para su integridad física.
Un transeúnte que pasaba por el lugar advirtió lo que estaba ocurriendo y decidió intervenir. Gracias a su accionar, el sujeto fue demorado hasta la llegada del personal policial, que procedió a su detención y posterior traslado a dependencias oficiales.
El caso fue abordado por la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 2, que intervino durante la feria judicial. En representación del Ministerio Público Fiscal, se impulsó la acusación contra el hombre por los delitos de amenazas, lesiones y desobediencia judicial, todos ellos en concurso real.
Durante la audiencia de juicio abreviado, el acusado prestó declaración y confesó su participación en los hechos. Con el acuerdo de las partes, el juez de Garantías del distrito Centro en feria resolvió imponerle una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, considerando la gravedad del episodio y el incumplimiento deliberado de las medidas cautelares.
Además, el magistrado lo declaró reincidente por cuarta vez, en virtud de los antecedentes condenatorios que pesaban sobre el acusado. Este punto fue clave al momento de definir la pena, ya que evidenció una conducta reiterada de desobediencia a las normas y una persistencia en el ejercicio de la violencia.
Desde el ámbito judicial remarcaron que el incumplimiento de órdenes de restricción y medidas de protección constituye un delito grave, ya que pone en riesgo directo a las víctimas y vulnera decisiones dictadas para prevenir hechos de violencia. En este caso, el acusado no solo desobedeció una orden judicial, sino que además protagonizó un episodio de violencia física y amenazas dentro del ámbito familiar.
El fallo vuelve a poner en el centro del debate la problemática de la violencia familiar y de género en la provincia de Salta, así como la importancia de denunciar y hacer cumplir las medidas de protección dictadas por la Justicia. También resalta el rol clave de la intervención temprana y del accionar policial para evitar consecuencias aún más graves.
En ese marco, desde organismos vinculados a la protección de víctimas de violencia reiteraron la necesidad de que las personas afectadas denuncien cualquier incumplimiento de medidas cautelares y busquen ayuda inmediata ante situaciones de riesgo. La rápida intervención puede ser determinante para preservar la integridad física y psicológica de las víctimas.
Con esta condena, la Justicia salteña envía un mensaje claro respecto a la gravedad de los hechos de violencia familiar y al incumplimiento de órdenes judiciales, reafirmando la importancia de sancionar conductas que atentan contra la seguridad y los derechos de las personas dentro del ámbito familiar.
