Un hombre de 37 años fue condenado en Salta por múltiples hechos de violencia de género cometidos contra su expareja en presencia de sus hijos. La resolución judicial también dispuso el inicio de un proceso civil por alimentos para garantizar el sustento económico de los cinco niños que tiene la pareja.
La condena fue dictada en el marco de un juicio abreviado, instancia en la que el acusado reconoció su responsabilidad penal por una serie de episodios de violencia física, psicológica y amenazas ocurridos entre los años 2024 y 2026.
Durante la audiencia, el Ministerio Público fue representado por la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto, siguiendo directivas del fiscal de Violencia Familiar y de Género 2 de Salta, Federico Portal. En ese contexto se acordó una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, lo que implica que el condenado no cumplirá la pena en prisión siempre que respete las condiciones impuestas por la Justicia.
El hombre había sido imputado por los delitos de daños en dos hechos, amenazas, coacción, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el contexto de violencia de género, todos en concurso real.
Además de la condena, el tribunal estableció una serie de reglas de conducta que el acusado deberá cumplir estrictamente para evitar la revocación de la pena condicional.
Entre las medidas dispuestas se encuentra la prohibición de acercamiento a su expareja, así como también la restricción para concurrir a los lugares que la mujer frecuenta, incluidos su domicilio y su ámbito laboral.
Asimismo, se le prohibió consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes y deberá someterse a un seguimiento judicial que incluye su incorporación al Programa SUMA, un sistema de monitoreo destinado a prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por la Justicia.
En paralelo, la resolución judicial dispuso el inicio de un juicio civil por alimentos a favor de los hijos de la pareja. El objetivo de esta medida es asegurar el aporte económico necesario para el mantenimiento y bienestar de los niños, quienes también fueron víctimas indirectas del contexto de violencia que se vivía en el hogar.
Los hechos que dieron origen a la causa ocurrieron en distintos momentos dentro de la vivienda que el acusado compartía con su pareja y sus cinco hijos. De acuerdo con las denuncias incorporadas al expediente, las agresiones surgían en medio de discusiones vinculadas a situaciones cotidianas.
En uno de los episodios denunciados, el hombre reaccionó violentamente mientras su pareja realizaba tareas de costura en el dormitorio. Según la investigación, apagó de manera brusca la luz del lugar, provocando daños en la llave del interruptor.
La discusión continuó y, en medio del conflicto, el acusado tomó el teléfono celular de la mujer y lo arrojó contra el piso, destruyéndolo mientras lanzaba amenazas contra ella y su familia.
Otro de los hechos ocurrió durante el mes de febrero de este año, cuando una nueva discusión derivó en un episodio de violencia física más grave. En esa ocasión, el hombre volvió a arrebatarle el teléfono celular a la víctima y comenzó a forcejear con ella.
Durante el enfrentamiento, el agresor la sujetó del cabello y la empujó mientras continuaban las amenazas. La situación generó una fuerte tensión dentro del hogar, donde también se encontraban los hijos de la pareja.
Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo, otros miembros de la familia intervinieron para intentar proteger a la mujer y evitar que la agresión continuara.
Sin embargo, el episodio escaló aún más cuando el acusado tomó un cuchillo tipo carnicero y comenzó a realizar movimientos amenazantes en dirección a la víctima. Frente a esa situación, los hijos mayores intervinieron empujándolo para impedir que pudiera lastimarla.
La escena generó momentos de extrema tensión dentro de la vivienda, ya que los menores presenciaban el conflicto mientras intentaban resguardar a su madre del ataque.
Finalmente, la intervención de la policía permitió controlar la situación y detener al agresor, lo que dio inicio a la causa penal que culminó con la condena dictada recientemente.
Durante la investigación se incorporaron diversas pruebas que respaldaron la denuncia de la víctima, entre ellas un informe médico legal que constató lesiones compatibles con los hechos relatados.
El certificado médico indicó la presencia de hematomas en el antebrazo y en la región lumbar de la mujer, lesiones que se correspondían con los golpes y forcejeos denunciados durante los episodios de violencia.
El caso se enmarca dentro de las causas que tramitan en el fuero especializado en violencia familiar y de género en la provincia de Salta, donde se investigan situaciones de agresión física, psicológica y económica dentro del ámbito doméstico.
Desde la Justicia remarcaron la importancia de las medidas de protección dispuestas en estos casos, especialmente cuando existen niños involucrados y cuando los episodios de violencia se repiten en el tiempo.
La imposición de restricciones de acercamiento, el seguimiento a través de programas de control y la obligación de cumplir reglas de conducta buscan prevenir nuevos hechos y garantizar la seguridad de las víctimas.
En este caso, además, el inicio del juicio civil por alimentos apunta a asegurar que los hijos de la pareja cuenten con los recursos necesarios para su desarrollo, independientemente del proceso penal que enfrentó su padre.
Con esta resolución, la Justicia busca no sólo sancionar los hechos ocurridos, sino también establecer mecanismos de protección y asistencia para la mujer y los niños que se vieron afectados por la situación de violencia dentro del hogar.
