El caso del exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, condenado por abuso sexual agravado, sigue envuelto en un manto de sospechas y privilegios que apestan a encubrimiento institucional. Pese a que la sentencia en su contra ya está firme, Zanchetta no pisa una cárcel común, como cualquier hijo de vecino. La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos no se calla y denuncia un trato diferencial que huele a protección de alto calibre.
El exprelado apenas rozó el sistema penitenciario: cuatro meses en cana antes de ser transferido, con una velocidad digna de un operativo encubierto, al convento Nuestra Señora del Valle para cumplir arresto domiciliario. Pero la cosa no termina ahí. En un giro que parece sacado de una novela negra, Zanchetta obtuvo un permiso “extraordinario” por motivos de salud y voló a Roma, donde se internó en el hospital Gemelli. A su regreso, en lugar de caer en una celda común, lo alojaron en Salta mientras “reacondicionan” su celda en el convento. ¿Quién se cree ese cuento?
Matías Montes, de la Red, no se guarda nada y apunta directo al corazón del escándalo: el Poder Judicial, el obispo actual de Orán, Luis Antonio Scozzina, y la propia Iglesia están en el banquillo de los acusados. “Desde el minuto uno lo beneficiaron. No hay voluntad de que pague como cualquier condenado. Lo peor es que puede volver a abusar”, dispara Montes, con la precisión de un francotirador. Y no es para menos: el Tribunal de Impugnación ya dio el martillazo final a la condena, y Scozzina había jurado que Zanchetta iría a una prisión común. Palabras al viento.
La Red también mete el dedo en la llaga financiera: ¿quién bancó los pasajes y la estadía en Roma? “Seguro los fieles, y eso también es encubrimiento”, acusan. Y no se detienen ahí. En un movimiento audaz, apuntan al mismísimo Papa León XIV, al que señalan por encubrimiento en Perú. El caso Zanchetta no es solo un expediente judicial; es un rompecabezas de poder, favores y oscuros acuerdos que sigue sin resolverse.
