Una serie de operativos preventivos desplegados durante las primeras horas de este domingo terminaron con la clausura de dos festejos clandestinos de gran convocatoria en el norte provincial. Las intervenciones permitieron desarticular ambos eventos, desocupar los inmuebles y secuestrar elementos utilizados para el desarrollo de la actividad nocturna no regulada.
El primer despliegue tuvo lugar en un predio ubicado en Finca Los Teros. Al arribar al sitio, las patrullas constataron una concurrencia masiva que superaba las 130 personas en un espacio que carecía de todo tipo de habilitación municipal, medidas de seguridad o autorización para el expendio de bebidas. Ante la falta de documentación correspondiente para este tipo de espectáculos, las fuerzas de seguridad procedieron a suspender la música y organizar el desalojo paulatino de los asistentes.
De manera casi en simultáneo, el personal abocado al patrullaje preventivo irrumpió en una vivienda particular situada sobre la calle 20 de Febrero. En dicho inmueble también se desarrollaba una reunión bailable no autorizada que excedía las normas de convivencia barrial y los permisos exigidos por el municipio local.
Como resultado de los procedimientos encabezados por el personal del Distrito de Prevención Número 4 de Tartagal, se concretó el despeje total de ambos predios sin que se registraran incidentes de gravedad. Durante la inspección, las autoridades procedieron al secuestro preventivo de dos equipos de sonido de gran potencia que eran utilizados para ambientar las celebraciones.
Asimismo, los uniformados confeccionaron las correspondientes actas de infracción contravencional a los organizadores de ambos encuentros, en el marco de lo establecido por el artículo 124 de la Ley Contravencional provincial 7135/01, la cual sanciona la realización de espectáculos públicos y reuniones bailable sin el debido consentimiento oficial. Todas las actuaciones labradas y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía Penal Número 2, organismo que continuará con las diligencias legales pertinentes para determinar las sanciones económicas y administrativas correspondientes.
