Los fiscales Alda Daniela Murúa, Mariana Torres, Carlos Salinas, y Daniel Espilocín representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia celebrada ante la Sala I del Tribunal de Juicio, donde se homologó un procedimiento abreviado, solicitado por el propio acusado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñaba como secretario letrado del juzgado a cargo del exjuez Claudio Alejandro Parisi, a fin de prestar confesión sobre los hechos investigados.
En dicha audiencia, Correa reconoció haber intervenido en dos oportunidades, aprovechando su condición de funcionario judicial y su relación de amistad con el magistrado destituido, para intermediar en la entrega de sumas de dinero destinadas a que éste otorgara beneficios procesales indebidos a dos imputados en causas tramitadas ante el Juzgado a su cargo.
Como consecuencia, el Tribunal lo condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, en calidad de partícipe secundario de dos hechos de cohecho pasivo agravado, en concurso real.
Además de la pena de prisión condicional, se le impuso la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como empleado público, junto con reglas de conducta, entre ellas la obligación de fijar residencia, someterse al control del Patronato de Presos y Liberados y realizar un curso de ética judicial, cuyo cumplimiento deberá acreditarse en el plazo fijado.
Durante la investigación, la Unidad Fiscal constató que Maximiliano Correa, en su carácter de abogado, intermedió para que el magistrado a cargo del Juzgado recibiera dádivas a cambio de otorgar beneficios procesales indebidos en favor de dos imputados. Entre los hechos confesados se encuentran la concesión de la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, imputado por tentativa de femicidio, y la declaración de nulidad del requerimiento acusatorio, lo que impidió la elevación de la causa a juicio. Asimismo, se incluyó la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien actualmente permanece prófugo, acusado de causar la muerte de una mujer mientras conducía una camioneta, darse a la fuga y hacer desaparecer el vehículo.
El condenado arribó al juicio tras haber permanecido un año y tres meses en prisión preventiva, medida dispuesta ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Cabe recordar que por estos hechos ya fueron condenados Roberto Ortega Serrano, defensor de los imputados mencionados y autor del pago de las dádivas, y Héctor Manuel Alderete, ex empleado de la Defensoría de Violencia de Género, quien también actuó como intermediario.
Resta ser juzgado el imputado Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo como juez de Garantías, quien actualmente cumple prisión preventiva y optó por la realización de un juicio oral y público.
