La Justicia de Salta dictó la prisión preventiva para un hombre acusado de ejercer violencia física y amenazas contra su expareja en la localidad de El Galpón. La medida fue dispuesta luego de que la Fiscalía considerara que existen riesgos concretos de fuga y de que el imputado pueda interferir en la investigación.
El hombre fue imputado como presunto autor de los delitos de lesiones agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, y amenazas, en concurso real. La decisión fue tomada por el juez de Garantías 2 de Metán, Mario Dilascio, luego de escuchar los argumentos presentados por las partes durante una audiencia flexible y multipropósito.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la abogada auxiliar Karen Quiroga, por disposición del fiscal penal Oscar López Ibarra, quien se encuentra subrogando la Fiscalía Penal 3 de Violencia Familiar y de Género de Metán.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que mantener al acusado privado de su libertad resulta necesario para garantizar el avance de la investigación. Entre los principales fundamentos se señalaron los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento, además de los antecedentes condenatorios que registra el imputado.
Otro de los aspectos considerados fue la posibilidad de que, en caso de ser encontrado culpable en este proceso, pueda recibir una nueva pena privativa de la libertad. Para la Fiscalía, este escenario constituye un elemento relevante al momento de evaluar el riesgo de que el acusado intente eludir el accionar de la Justicia.
El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 2 de agosto en un domicilio de El Galpón, en el departamento Metán. Según surge de la denuncia, el hombre habría mantenido una discusión con su expareja, durante la cual la insultó y amenazó.
La situación habría escalado posteriormente hasta una agresión física. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el acusado habría empujado a la mujer, provocándole lesiones en una de sus rodillas y en la mano derecha.
La víctima también denunció que, luego de conseguir incorporarse, el hombre la habría tomado con fuerza del cuello. Según su relato, logró liberarse y abandonar el inmueble para ponerse a resguardo.
A partir de la denuncia se activaron las actuaciones correspondientes y comenzó la investigación penal para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer las responsabilidades del acusado.
En este tipo de causas, además de reconstruir la secuencia de los hechos, la Justicia analiza especialmente la existencia de antecedentes de violencia, amenazas u otras circunstancias que puedan incrementar la situación de riesgo para la víctima. En este caso, la Fiscalía también puso el foco en los antecedentes penales del imputado.
El hombre cuenta con dos condenas anteriores dictadas en distintos fueros. La primera fue en abril de 2024, cuando la Justicia provincial le impuso una pena de dos meses de prisión de ejecución condicional por el delito de daños.
Meses después, en agosto de ese mismo año, la Cámara Federal de Salta lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de una multa por el delito de transporte de estupefacientes.
Estos antecedentes fueron incorporados como parte de los fundamentos utilizados por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva. El Ministerio Público consideró que la situación procesal del acusado debía contemplar tanto sus antecedentes como la expectativa de pena que podría enfrentar si finalmente fuera condenado por los hechos que ahora se investigan.
Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías 2 de Metán resolvió hacer lugar al pedido y ordenó la prisión preventiva del imputado.
La medida implica que el acusado permanecerá privado de su libertad mientras avanza el proceso, en función de los riesgos procesales considerados por la Justicia. La prisión preventiva no constituye una condena, sino una medida cautelar destinada a garantizar que la investigación pueda desarrollarse sin interferencias y que el imputado permanezca a disposición de la Justicia.
La causa continúa en etapa de investigación y todavía deberán producirse distintas medidas para reunir elementos que permitan determinar con mayor precisión cómo ocurrió el episodio denunciado.
El caso vuelve a poner en el centro de la escena la problemática de la violencia de género en el interior de la provincia de Salta, particularmente en localidades del sur provincial como El Galpón y Metán, donde las denuncias por violencia familiar y de género son abordadas por las fiscalías especializadas.
Mientras tanto, la víctima cuenta con las medidas de protección que correspondan dentro del proceso y la Justicia deberá evaluar cualquier situación que pueda representar un riesgo para su integridad.
La investigación seguirá su curso y la situación procesal del acusado podrá ser revisada a medida que se incorporen nuevas pruebas. Por el momento, permanece detenido por disposición judicial y deberá afrontar el proceso penal por las acusaciones de lesiones agravadas y amenazas formuladas en su contra.
