El juicio por abuso sexual que involucra a Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros y actual senador provincial, sigue detenido a la espera de una resolución de la Corte de Justicia de Salta. La causa está lista para el debate oral, pero un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa mantiene el proceso paralizado.
La defensora de la denunciante, Marina Córdoba, explicó que todos los pasos previos al juicio ya se completaron, incluyendo la audiencia de prueba, y que los tribunales de primera instancia y de impugnación rechazaron los recursos anteriores de la defensa del exintendente. A pesar de esto, la causa aún no puede avanzar.
Según la abogada, los planteos presentados por Moreno constituyen maniobras dilatorias. “Desde el punto de vista procesal, la causa está lista para avanzar al juicio oral, donde se debe dictar sentencia, pero queda pendiente la última instancia en la Corte”, señaló.
El caso tiene un fuerte impacto institucional. Moreno ocupa actualmente un escaño en el Senado provincial, y una vez fijada la fecha de juicio será necesario el desafuero para que el proceso pueda continuar. La defensora subrayó que los dichos públicos del legislador, afirmando su disposición a someterse a la Justicia, deberán reflejarse en acciones concretas.
Respecto a versiones sobre supuestos pedidos de dinero a la denunciante, la abogada aclaró que no hay evidencia y que cualquier ofrecimiento fue denunciado por la joven ante los organismos correspondientes.
El retraso en la definición de la Corte genera preocupación en la sociedad salteña y en quienes siguen de cerca el caso, que se da en un contexto de emergencia por violencia de género en la provincia. La defensora insistió en que todos los pasos legales ya fueron cumplidos y que solo resta que la Corte permita que el juicio se realice y se conozca la verdad de los hechos.
La resolución de este proceso tendrá repercusiones tanto en la política provincial como en la percepción ciudadana sobre la efectividad de la Justicia en casos de abuso sexual que involucran a funcionarios públicos. Por ahora, la causa permanece en un limbo procesal mientras se espera la decisión de la Corte de Justicia de Salta.
